El rey emérito, Juan Carlos de Borbón
Este nuevo intento de que la Cámara abra pesquisas sobre los negocios del anterior jefe de estado lleva la firma de formaciones independentistas como ERC, Bildu, Junts, el PDeCAT y la CUP, así como otros socios de investidura como Más País, Compromís y el Bloque Nacionalista Galego (BNG).
A finales del pasado mes de septiembre tras la difusión del documental de HBO ‘Salvar al Rey’ estos partidos ya solicitaron la creación de una comisión de investigación y ahora vuelven a la carga añadiendo como motivo para que el Congreso se interese por este asunto el podcast de Corinna Larsen.
Según recogen en la exposición de motivos de la nueva iniciativa, recogida por Europa Press, en ese espacio la aristócrata alemana asegura: “Lo veía volver de viajes, feliz como un niño de cinco años. Volvía con bolsas llenas de dinero en efectivo. Yo le decía ¡Dios mío!, ¿Qué es esto? y me respondía que se lo había dado algún amigo”.
Además, apuntan a otras declaraciones de Larsen en las que asegura que Juan Carlos I era conocedor de la campaña de acoso, difamación y persecución contra su persona y su familia que ella achaca a los servicios secretos españoles y a la propia Casa Real y que ha denunciado ante la Justicia británica.
Los firmantes de la iniciativa aluden también a otras noticias relativas a los distintos escándalos atribuidos al ex jefe del Estado e insisten en que es “vital que se actúe con absoluta transparencia desde todas las instituciones, empezando por las Cortes Generales, que tienen entre sus obligaciones la de fiscalizar asuntos de interés general”.
Por todo ello, plantean la creación de una comisión de investigación relativa a “la trama vinculada a las presuntas ilegalidades e irregularidades cometidas por miembros de altas Instituciones y las influencias políticas, diplomáticas y comerciales con terceros países, la implicación de estamentos del Estado para el control de la información de los escándalos relacionados con el rey emérito y la posible operación de legitimación de la perpetuación de privilegios e impunidad de altos cargos del Estado”.
Hasta ahora la Mesa del Congreso, con los votos de PSOE, PP y Vox han rechazado todas las solicitudes de este tipo que han registrado estas formaciones. Lo han hecho alegando la inviolabilidad del Rey prevista en la Constitución que, a su vez, establece que el Jefe del Estado distribuye libremente la partida presupuestaria que recibe cada año.
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