19-12-2020 El diputado de Unidas Podemos, Roberto Uriarte ofrece declaraciones a los medios de comunicación durante la concentración bajo el lema 'Demokrazia' en la Plaza de Arriaga, Bilbao, País Vasco (España), a 19 de diciembre de 2020. La convocatoria es una protesta tras la decisión adoptada por el Tribunal Supremo de repetir la vista oral contra los cinco juzgados por el `caso Bateragune´, un delito de pertenencia a organización terrorista por el intento de reconstrucción de la dirección ilegalizada de Batasuna. ECONOMIA H.Bilbao - Europa Press
Concretamente, el pasado mayo la CNMC sancionó con multas de 6,3 millones de euros a 22 consultoras por manipular licitaciones públicas y repartírselas entre 2008 y 2018. Para algunas de ellas ha activado el presupuesto legal que impide su acceso a contratos con la Administración.
Entre las empresas sancionadas se encuentran Deloitte (multa de 3,99 millones), PwC (670.000 euros), Idom Consulting (640.000 euros), Bmasi Strategy (153.529 euros), y KPMG (50.000 euros).
El pasado mes de junio el diputado de Podemos, Roberto Uriarte preguntó a Hacienda por el estado de este procedimiento sancionador. El departamento que dirigen María Jesús Montero le contestó que aún no era posible iniciar la tramitación, al no haber transcurrido un plazo para poder presentar recurso.
EMPRESAS TRAMPOSAS
Ahora, Uriarte vuelve a preguntar a Hacienda sobre el acceso de las consultoras a contratos públicos, y apela al criterio de la Abogacía del Estado para exigir que el ministerio, pevia propuesta de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, decida «a la mayor brevedad posible» el alcance y duración de la prohibición de contratar.
Más aún, incide, cuando algunas de las empresas implicadas están siendo ya adjudicatarias de contratos públicos –como es el caso de PWC en el País Vasco–, y además podrían recibir cuantiosas ayudas de los fondos europeos correspondientes al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Así, pregunta si estas consultoras sancionadas han interpuesto recurso y solicitado la suspensión de la sanción y, en caso de que así fuera, si se va a proceder a determinar el alcance de esta prohibición, tal y como defiende la Abogacía del Estado. En el supuesto contrario, pregunta por qué Hacienda «adoptaría una posición contraria por la Abogacía del Estado».
«IR HASTA EL FINAL»
También quiere conocer cómo Hacienda «pretende asegurar el interés general y el buen uso de los fondos europeos en el caso de que decida no llevar a cabo la determinación de la duración y alcance de la prohibición de contratar» en el caso del ‘cártel de las consultoras’.
Lamentando que en su anterior respuesta «el Gobierno eludió muchas de las cuestiones» –Podemos forma parte del Gobierno de coalición junto con el PSOE–, le exige que informe «de forma transparente sobre este asunto ya que es fundamental ir hasta el final en un caso de corrupción tan grave».
A este respecto, recuerda que, en su resolución sancionadora, la CNMC «describe hechos y aspectos que indican la connivencia, conocimiento o incluso implicación activa de gerentes de la función pública en los cárteles», por lo es preciso que la Administración Pública actúe de forma responsable y sin dejar ningún espacio para la duda.
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