Podemos se lanza a derogar la ley que permite la gestión privada de hospitales para «blindar» la sanidad pública

Así lo han trasladado en rueda de prensa el portavoz del grupo parlamentario en el Congreso, Pablo Echenique, y la responsable de Sanidad de Unidas Podemos en la Cámara Baja, Rosa Medel, para recalcar que suprimir dicha ley busca «blindar» el modelo de gestión pública directa, máxime tras un contexto de pandemia donde se ha evidenciado la importancia de fortalecer la sanidad pública.

También han detallado que esta iniciativa, en la que ya trabajan para que pueda llegar en un futuro al Congreso, forma parte del acuerdo de coalición suscrito por el PSOE y, por tanto, el Ministerio de Sanidad y los socialistas conocen sus planes.

Por lo tanto, se pondrán a la tarea de redactar los textos legislativos pertinentes para la derogación de todas aquellas leyes de ámbito estatal que «abrieron la puerta a la privatización», muy especialmente sobre el caso de la mencionada ley de 1997.

Ambos se han referido como «buena noticia» a la futura «desprivatización» del Hospital de Torrevieja, centro que será gestionado directamente por la Generalitat Valenciana cuando termine este año la concesión administrativa, al igual que se hizo también previamente con el Hospital de Alzira.

Según han explicado desde la formación morada, «queda perfectamente claro que es posible desandar la nefasta senda de la privatización de la sanidad pública», pero ha señalado que eso «no basta» con las reversiones y deben evitarse que ejecutivos autonómico en manos de «partidos neoliberales» avancen en nuevas concesiones a empresas privadas.

MADRID, LA REGIÓN CON MAYOR PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD PÚBLICA

Durante su comparecencia, Echenique ha defendido que la gestión pública directa es «más eficaz» y ha relatado que un informe de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública expone que Madrid es la región con más privatizaciones en la sanidad pública, y también es la que menor porcentaje de administración de vacunas contra el Covid-19 sobre el número de dosis entregadas, solo por delante de la ciudad autónoma de Melilla.

También ha citado un estudio que cuantifica un sobrecoste del 15% por cama habilitada en los hospitales externalizados en los municipios madrileños de Torrejón, Valdemoro y Collado Villalba respecto a los de gestión directa, y que en otros centros con parcelas de gestión indirecta en Madrid (citando los casos de Parla, Aranjuez, Coslada, Arganda o San Sebastián de los Reyes) suponen también un 39% más de gasto.

A su vez, Echenique ha aludido también al caso de la Fundación Jiménez Díaz, también en Madrid, con un concesión de área sanitaria y con datos que apuntan a un sobrecoste, en comparación con centros de gestión directa, que van del 50 al 550% en diversos diagnósticos y tratamientos sanitarios.

Por tanto, el portavoz de Unidas Podemos ha calificado de «neoliberal» el modelo de concesión de gestión a empresas privadas y ha concluido que si se opta por ello es por «ideología» o incluso «corrupción», a tenor de los sobrecostes.

LA GESTIÓN INDIRECTA CONVIERTE UN «DERECHO EN UN NEGOCIO»

En esta línea, Medel ha destacado que la gestión indirecta a empresa privadas supone «cambiar la visión de la sanidad pública» al pasar «de ser un derecho a un negocio», además de una «ruptura» con el principio de «equidad» del Sistema Nacional de Salud.

Y es que la diputada ha sostenido que los pacientes adscritos a áreas de gestión privatizada padecen una menor ratio de profesionales que pueden «poner en riesgo su salud», puesto que la seguridad del paceinte depende «en gran medida» del número de sanitarios disponibles por habitante.

En este sentido, ha citado el acuerdo de coalición que establece el abordaje del «blindaje» de la gestión pública directa con la derogación de la ley aprobada por el Ejecutivo de José María Aznar, para desgranar que la privatización se puede acometer con «mucha facilidad» pero luego es un «calvario» revertirla, como pasó en la Comunidad Valencia con hasta nueve recursos por parte de la antigua concesionaria del Hospital de Alzira. Un centro, además, que al pasar a ser gestionada directamente por la Consejería de Sanidad se tuvo que incrementar la plantilla un 400%.

«Es necesario modificar la ley e impedir nuevas privatizaciones que hacen daño a la salud y la sanidad pública. La salud es un derecho constitucional, la función de servicio público sanitario es defender a los pacientes y buscar la equidad. Por esas características, el negocio no tiene cabida aquí», ha zanjado Medel.

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