Pablo Iglesias, secretario general de Podemos
El Ministerio del Interior ha movilizado a una creciente cantidad de efectivos policiales en Catalunya con el objetivo de frenar las movilizaciones y el referéndum del 1 de octubre. Al desplazamiento de agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil se suman la denegación de permisos y vacaciones a los funcionarios policiales. Y Unidos Podemos quiere conocer el coste para las arcas públicas del gran despliegue.
“Ante el brutal despliegue policial de Interior, que ayer se tradujo en la detención de 14 cargos públicos acusados de sedición, el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Senado ha registrado una batería de preguntas en las que requiere al Gobierno información relativa al coste que para las arcas públicas ha supuesto el mencionado operativo policial”, informa la formación en un comunicado.
Ha sido Margalida Quetglas, senadora de Unidos Podemos por Mallorca, quien solicita información al Gobierno de Mariano Rajoy sobre el «gasto que ha supuesto el operativo de las fuerzas y cuerpos de seguridad desglosado por partidas y diseñado en torno al referéndum del 1 de octubre«. La senadora Quetglas solicita al Gobierno también conocer «qué costes suponen a las arcas públicas la cancelación o postergación de los permisos y vacaciones que, habiendo sido solicitados previamente por numerosos agentes de las fuerzas de seguridad, han sido suspendidos».
La senadora mallorquina, por último, quiere conocer el «modelo de contratación» utilizado por el Ministerio del Interior «respecto a los ferris para alojar a los agentes de las fuerzas de seguridad desplazados hasta Catalunya y qué coste presupuestario ha tenido la contratación de los mencionados servicios».
Según se conocía hoy, Interior desplazará más policías y guardias civiles a Cataluña: el ministro Juan Ignacio Zoido ha comunicado al consejero de Interior de la Generalitat el envío de refuerzos de Policía y Guardia Civil a esta comunidad para “apoyar a los Mossos d´Esquadra en el mantenimiento del orden”.
Según informa el departamento de Zoido en un comunicado, el Gobierno desplazará a Cataluña unidades de refuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en virtud del artículo 38.2 de la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Sus funciones serán las de “vigilancia del espacio público y mantenimiento del orden y actuarán en caso de que se mantuviera el referéndum ilegal” convocado para el 1 de octubre.
Para la senadora Quetglas, «el Gobierno no puede solucionar con medidas policiales un problema político que requiere a todas luces una solución democrática». Además, los de Pablo Iglesias consideran que se está produciendo un preocupante derroche de dinero público para «complicar mucho más la situación que se vive en Catalunya».
Para Quetglas, «tal vez si los fondos y recursos públicos que se han destinado para frenar el 1-O en Catalunya se hubieran empleado para combatir la corrupción, la ciudadanía no hubiera tenido que padecer los terribles recortes sociales propiciados por el Partido Popular» durante los últimos años.
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