Ley mordaza
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registrado una Proposición no de Ley “para garantizar el derecho de protesta”: insta al Gobierno a una «profunda modificación del Código Penal», en especial en la descripción del artículo relativo «a la lucha contra el terrorismo», para que «no se permita la aplicación de los tipos de terrorismo a protestas ciudadanas fruto del derecho a la libre participación política, de acuerdo con las directivas europeas y la legislación internacional en materia de derechos humanos«.
La proposición no de ley contempla también “la necesidad de modificar la redacción del artículo 571 del Código Penal para vincular en todo caso la actividad de la organización terrorista a la difusión de terror entre la población a través de actos violentos”.
La iniciativa va firmada, entre otros, por el portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Alberto Garzón, y el diputado de En Comú Podem Jaume Moya. Ambos coinciden en que «hace demasiado tiempo que como ciudadanía vivimos una situación de regresión de los derechos fundamentales«, al tiempo que «se debilita la calidad democrática del Estado».
Garzón incide que “las reformas penales en materia de terrorismo pactadas por PP y PSOE” en los últimos años permiten “criminalizar un aspecto básico del principio democrático de participación política como es la protesta ciudadana”.
El texto señala que “al equiparar ejercicios legítimos del derecho de manifestación y de libertad de expresión a actividades violentas de carácter terrorista, estas reformas inhiben la crítica pública y ponen en riesgo el pluralismo político y social tutelado por la legalidad constitucional vigente”.
Moya, por su parte, valora que desde En Comú Podem, como primera fuerza en Cataluña en las pasadas elecciones generales, “estamos obligados a denunciar las reacciones represivas del Gobierno del Partido Popular que están fuera de control”.
La ‘Proposición no de Ley para garantizar el derecho de protesta’ plantea también en su parte propositiva que se proteja «el derecho a la reunión pacífica de toda la ciudadanía, como medio legítimo y constitucionalmente protegido para la incidencia política y cumplir la obligación de los poderes públicos de fomentar la participación política».
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