Isa Serra .
La portavoz de Podemos, Isa Serra, ha reclamado al PSOE que sea «valiente» con la nueva Ley de Vivienda y decida si va a defender los intereses de los fondos buitres o de la ciudadanía, dado que ambas cosas son incompatibles.
En rueda de prensa en la sede del partido, Serra se ha referido a las «discrepancias sustanciales» que existen entre ambos socios de Gobierno respecto a esta normativa. Los desencuentros radican sobre todo en la necesidad de obligar a los grandes tenedores a que dedique una parte de sus viviendas al alquiler social y el hacer permanente la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional a familias vulnerables, puntos centrales para la formación morada.
Serra ha defendido que garantizar el derecho constitucional de acceso a la vivienda es «objetivo primordial» de Podemos desde su nacimiento y ha desgranado que en España existe un problema al respecto, con un modelo productivo basado en el «ladrillazo» y en el poder que han acaparado «grandes fondos buitre».
HAY QUE INTERVENIR ANTE LA IRRACIONALIDAD DEL MERCADO
Y es que la portavoz de Podemos ha tildado de «irracional» que exista tanta gente «sin poder pagar el alquiler» y, a la vez, tanta vivienda vacía, factor que atribuye a la estrategia especulativa de los grandes tenedores de viviendas. Por tanto, ante esta incongruencia ve necesario «intervenir» el mercado de la vivienda.
También ha pronosticado que los grandes fondos de inversión despliegan «fuertes pensiones» para no regular el derecho a la vivienda y su función social. De ahí el llamamiento que traslada al PSOE para que demuestre que está con la población vulnerable y que tiene voluntad de cumplir el acuerdo de gobierno.
Cuestionada sobre los plazos y si la normativa estará en febrero, la dirigente de la formación morada ha contestado que es una pregunta que hay que dirigir al PSOE, dado que está claro el interés de Unidas Podemos para que se apruebe cuanto antes la ley y movilizar la vivienda vacía de los grandes tenedores.
Por tanto, están trabajando para que se cumpla el acuerdo y regular, como estaba contemplado en el pacto suscrito por los Presupuestos Generales del Estado, la regulación de los precios del alquiler «comprometida».
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