19-07-2021 El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, durante una rueda de prensa en la sede del partido, a 19 de julio de 2021, en Madrid (España). Durante su comparecencia, han solicitado la renovación de los órganos judiciales y el cumplimiento del acuerdo de gobierno para regular el precio del alquiler. POLITICA Jesús Hellín - Europa Press
Además, la formación morada ha solicitado también que el Ejecutivo regularice a migrantes en situación irregular que residen en España y que han colaborado con el país durante la pandemia, en la línea del compromiso que ha adquirido con los ciudadanos ucranianos y que el partido apoya.
Así lo ha indicado el coportavoz estatal de Podemos, Pablo Fernández, y la secretaria de Acción institucional del partido, María Teresa Pérez, en rueda de prensa para exponer sus medidas ante los efectos de la crisis, donde han vuelto a reivindicar el despliegue de un nuevo escudo «social y verde», un plan energético de emergencia y una reforma fiscal «ambiciosa».
En este sentido, Pérez ha enfatizado que el IMV beneficia ya a casi 400.000 familias y es un avance ya alcanzado en esta legislatura, pero debe mejorarse sobre todo ante el alza de los precios y la nueva crisis derivada del conflicto internacional.
No obstante, la dirigente de Podemos ha explicado que aún no se ha alcanzado a la mitad de las familias que se habían fijado como objetivo prioritario original.
Por tanto, reclaman agilizar y simplificar su despliegue y que su reglamento, aún pendiente de desarrollar, debe contemplar «excepciones» para cubrir situaciones de vulnerabilidad muy variada.
En esta línea, ha apuntado que es necesario hacer dos modificaciones como aumentar la cuantía y umbrales de renta que dan acceso al IMV, pus en este contexto de inflación presente es «insuficiente» que una persona cobre 491 euros.
De esta forma, su apuesta es subirlo un 18% para que una persona que viva sola cobre 580 euros y, por ejemplo, una familia con dos hijos pasaría de 934 wuros a 1.002 euros.
El segundo cambio destacado que plantean los morados es bajar de 23 a 20 años la edad para poder pedir la prestación, al entender que ahora se produce una «discriminación injustificable» por motivo de edad.
Al respecto, Pérez ha subrayado que los detalles de la propuesta partirá del Ministerio de Derechos Sociales liderado por Ione Belarra, que lo remitirá al departamento de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que dirige José Luis Escrivá, para tratar de consensuar esos cambios y aplicarlos lo antes posible.
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