Alejandro Sánchez, coportavoz de Equo Madrid y diputado de Equo
Podemos ha presentado alegaciones para que se supriman los Centros Integrales de Desarrollo (CID) en el anteproyecto de la ley del Suelo de la Comunidad de Madrid que se está tramitando en la Asamblea.
En concreto, la formación alega que los Centros Integrados de Desarrollo “pueden distorsionar gravemente las políticas territoriales autonómicas y contribuir al desequilibrio de los municipios que pudieran resultar afectados por una actuación de este tipo”.
Por ello, y durante la tramitación parlamentaria del Anteproyecto de ley de urbanismo y suelo de la Comunidad de Madrid el Grupo Parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid, al que pertenece el coportavoz de Equo Madrid y diputado de Equo, Alejandro Sánchez, propone en sus enmiendas la necesidad de derogación de los artículos de la Ley 9/1995, de 28 de marzo, de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo, que regulan los CID.
Equo hace notar que los CID -un procedimiento excepcional que otorga ventajas fiscales, urbanísticas y administrativas a algunos proyectos- “constituyen un anomalía jurídica diseñada para permitir determinados proyectos, al margen del ordenamiento urbanístico municipal, del régimen tributario y del de juego”.
La formación verde –integrada en Podedmos- subraya que la creación de los CID fue un acto legislativo realizado expresamente para facilitar el proyecto Eurovegas, que no llegó a realizarse. Añade que, desde entonces, la Comunidad no ha aprobado ningún otro CID, “lo que demuestra la incapacidad de esta figura normativa para concitar el interés particular de un promotor, con el interés general”.
Y recuerda que “el último procedimiento tramitado, con arreglo a esta figura, que pretendía instalarse en Torres de la Alameda –en referencia a la ciudad del juego de Cordish (conocido como el nuevo Eurovecas)- ha sido desestimado por el Gobierno de Cristina Cifuentes.
Además, Equo afirma que “la memoria de la Dirección General de Urbanismo constituye un reconocimiento del difícil encaje, en el marco normativo, de esta figura: en ella se afirma, entre otras cuestiones, que no garantiza el derecho de propiedad privada; limita la participación de la totalidad de propietarios afectados, sin justificación en modo alguno y condiciona el ejercicio legítimo de la potestad de planeamiento municipal”.
Hay que recordar que en los citados CID se pueden desarrollar en cualquier tipo de suelo, salvo en no urbanizable sujeto a protección especial, y su aprobación permite la ejecución del proyecto, aún en el caso de que no fuese compatible con la ordenación urbanística municipal.
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