De esta forma y con la redacción actual de este anteproyecto, el espacio confederal ha advertido de que, sin cambiar esta normativa aprobada en su día por el ejecutivo presidido por José María Aznar, no está en condiciones de respaldar el anteproyecto que impulsa la ministra Carolina Darias.
«Unidas Podemos defiende la sanidad pública y llevar a cabo un proceso de desprivatización como está ocurriendo en la Comunidad Valenciana», han explicado a Europa Press fuentes de la formación.
Este anteproyecto ya ha llegado a la comisión general de secretarios de Estado y subsecretarios, que es el paso previo para que en próximas fechas pueda llegar al Consejo de Ministros.
LA LEY DE DARIAS IMPIDE NUEVOS COPAGOS SANITARIOS
La propia ministra de Sanidad desglosó el pasado 18 de octubre que el proyecto de Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión contemplará la introducción de medidas para impedir nuevos copagos sanitarios a la ciudadanía, además de medidas para blindar la normativa sanitaria.
De hecho, subrayó que el compromiso del Gobierno es seguir dando «pasos firmes hacia una sociedad cada vez más inclusiva, justa y próspera, sin dejar a nadie atrás», para añadir que el anteproyecto.
El pasado julio el grupo parlamentario confederal avanzó sus planes para conseguir derogar la ley 15/1997 y acabar con el marco que permite la externalización de la gestión sanitaria, con el objetivo de evitar futuras privatizaciones.
YA AVANZÓ EN EL CONGRESOS SU PLANES DE DESPRIVATIZACIÓN
De esta forma, el portavoz parlamentario, Pablo Echenique, y la responsable de Sanidad de Unidas Podemos en la Cámara Baja, Rosa Medel, recalcaron que, con la supresión de dicha ley, buscan «blindar» el modelo de gestión pública directa, máxime tras un contexto de pandemia donde se ha evidenciado la importancia de fortalecer la sanidad pública.
También detallaron que esta iniciativa forma parte del acuerdo de coalición suscrito por el PSOE y, por tanto, el Ministerio de Sanidad y los socialistas conocen sus planes.
Echenique manifestó que la externalización «va en contra del interés general» y solo sirve para «enriquecer» a grandes corporaciones del sector, pues implica un coste mayor para las arcas públicas que la gestión pública directa. Mientras Medel apuntó que la gestión indirecta cambia la visión de la sanidad pública al pasar «de ser un derecho a un negocio», además de una «ruptura» con el principio de «equidad» del Sistema Nacional de Salud.
LEY DE SALUD MENTAL DE PODEMOS
La parcela sanitaria ha centrado gran parte de la acción propositiva de Unidas Podemos, dado que también registró en septiembre una Ley de Salud Mental, con medidas para aumentar el número de profesionales del sistema sanitario dedicados a este campo y acelerar los tiempos de atención a los ciudadanos.
Esta proposición de ley reconoce explícitamente el derecho a una atención integral y universal a la salud mental y establece unas ratios mínimas de profesionales. Concretamente, un mínimo de 18 psiquiatras, 18 psicólogas y psicólogos clínicos y 23 enfermeros y enfermeras especialistas de salud mental por cada 100.000 habitantes, además de unos tiempos máximos de acceso a los servicios de salud mental.
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