Vista del hemiciclo del Congreso
Así lo plantea el portavoz del grupo confederal, Pablo Echenique, en una carta remitida al órgano de gobierno del Congreso, en la que insta a buscar “todas las alternativas legales para rectificar” la adquisición de estos móviles.
En esa misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, Echenique argumenta que la propia ley de contratos del sector público permite la no celebración del contrato, aunque exista licitación, siempre que se justifique “en razones de interés público”. “Esta podría ser una vía y entendemos que podría haber otras si existiera la voluntad política de perseguirlas”, ha razonado.
A su vez, el dirigente de la formación morada reflexiona que “no es partidario del discurso antipolítico” que llevan a cabo, a su juicio, la derecha y la extrema derecha sobre aspectos con la utilización de coches y aviones oficiales para actividades gubernamentales, o la “cantinela de los asesores”.
Y es que Unidas Podemos sostiene que ese discurso procede de “partidos tradicionalmente corruptos que pretenden equiparar sus actividades delictivas y el robo de dinero público con el desempeño eficaz de la representación política”, que llegan a equiparar “sobresueldos en B de mordidas o financiar ilegalmente campañas electorales con desplazarse en un vehículo de titularidad gubernamental o contar con un equipo humano suficiente como para poder desempeñar la labor de representación con eficacia”.
Sin embargo, Echenique deja claro que el caso de la compra de estos móviles no se enmarca en este discurso “populista de derechas”, porque hay elementos objetivos para tildar esa provisión de terminales de “capricho”.
“La cuestión es muy sencilla, aunque es evidente que los diputados tienen que contar con un terminal moderno y seguro para llevar a cabo su actividad, también es evidente que no hay ninguna razón material para que este terminal tenga que ser el último modelo de iPhone. Hay teléfonos móviles de características técnicas equiparables que valen la mitad que dicho modelo”.
La Mesa del Congreso rechazó la semana pasada la petición cursada por Ciudadanos para que la cámara anulara dicho concurso con los votos del PSOE, el PP y la diputada de Podemos Gloria Elizo, mientras que los otros dos miembros que el grupo confederal tiene en este órgano han apoyado que se anulara, al igual que el diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro.
La apertura del concurso fue aprobada por unanimidad antes del verano tanto en la Mesa del Congreso como en la Junta de contratación, de la que forman parte los cuatro vicepresidentes de la Cámara, pero tras trascender la decisión de dedicar más de un millón de euros a la compra de iPhone de última generación que superan los 1.000 euros por terminal en el mercado, surgió la polémica.
Desde Ciudadanos pidieron anular el contrato y ya adelantaron que, si seguía adelante, sus diputados renunciarían a los nuevos teléfonos. Unidas Podemos abogó por la postura de adquirir modelos más baratos.
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