Asamblea de Madrid
La comunicación de la empresa pública Arpegio dirigida al juez reconociendo que se han “traspapelado” varios documentos clave del ‘caso Púnica’ ha levantado un nuevo temporal en la Comunidad de Madrid. Mientras las vacaciones ya se han instalado en la política madrileña, Podemos ha registrado la solicitud de celebración de una sesión plenaria extraordinaria para recabar las explicaciones del Gobierno de Cristina Cifuentes al entender que la custodia de esta documentación “corresponde a entidades vinculadas” con el Ejecutivo regional.
“El Grupo Parlamentario cree que la custodia de dicha documentación tan sensible es responsabilidad de entidades vinculadas al Gobierno de Cristina Cifuentes”, han valorado desde la formación morada. Por ello, aparte de esa sesión plenaria extraordinaria, Podemos ha registrado la petición de una nueva sesión en la Comisión de Investigación sobre Corrupción Política.
Una solicitud que ha trasladado a la Diputación Permanente y donde la organización que coordina Lorena Ruiz-Huerta ha apuntado a la necesidad de que Jaime González Taboada, consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación, comparezca ante esta comisión de investigación. Un consejero de Cifuentes que ya se ha visto salpicado por el ‘caso Púnica’ después de que David Marjaliza, uno de sus cabecillas, asegurase que González Taboada estaba más que involucrado.
Asimismo, Podemos ha exigido las peticiones de comparecencia de Adolfo Fernández Maestre, administrador de la empresa Análisis de Gestión de Desarrollos Urbanos (DUSA); y Francisco Esquivias, ex secretario general de Nuevo Arpegio.
Las trabas de la Comunidad de Madrid
Mientras tanto, las sospechas de poca colaboración por parte del Ejecutivo de Cifuentes no paran de dispararse. De hecho, la Fiscalía Anticorrupción ya denunció hace unos meses esta falta de ayuda por parte de la Comunidad de Madrid. “Existe todavía una cierta autoprotección sobre aquellos que han ejercido funciones públicas y orgánicas” en el Gobierno madrileño o en el PP regional, sentenciaron desde el organismo.
Incluso, Anticorrupción reprochó que la documentación que había enviado Arpegio en octubre presentaba “inconsistencias y carencias que nos hacen pensar que existe más información que la que se transmite”.
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