Avión de Ryanair
La formación solicita la apertura de un expediente sancionador por lo que considera una posible práctica de “chantaje económico encubierto”, tras el anuncio de la aerolínea de recortar el 10% de su capacidad operativa en rutas nacionales, especialmente en conexiones con la Península.
El origen del conflicto, señala la formación morada en una nota, según Europa Press, está en la subida del 6,5% en las tasas aeroportuarias aprobada por Aena, una medida general que Ryanair ha vinculado directamente con los recortes de rutas desde aeropuertos como Tenerife Norte y Gran Canaria.
Así, advierte de que la aerolínea estaría usando su posición de mercado para “presionar” a las administraciones públicas, concentrando los recortes en vuelos que afectan principalmente a residentes. Según datos aportados en la denuncia, más de 400.000 plazas desaparecerán del mercado aéreo nacional en el archipiélago, de las cuales unas 130.000 serían utilizadas habitualmente por personas residentes.
Mientras tanto, las conexiones orientadas al turismo extranjero, operadas desde el sur de Tenerife y Gran Canaria, se mantienen sin cambios, subraya Podemos.
Para el partido morado, este “comportamiento selectivo” es una “estrategia de presión empresarial para obtener condiciones más favorables, lo que podría vulnerar la Ley de Defensa de la Competencia en sus artículos 2 y 3, relativos al abuso de posición de dominio y a prácticas que distorsionan el mercado”.
Podemos también pone sobre la mesa el volumen de dinero público que la compañía ha recibido en los últimos años pues solo en 2025, el Gobierno de Canarias ha destinado 8,9 millones de euros en patrocinios turísticos, sin contar las bonificaciones estatales a residentes que, según diversas fuentes, ascienden a más de 800 millones anuales en todo el país.
“No puede ser que se usen recursos públicos para financiar aerolíneas extranjeras que, a la mínima, amenazan con irse si no se les da más dinero”, critican desde la formación.
Por ello, insta al Ejecutivo autonómico a aprovechar esta situación para redirigir los fondos públicos hacia empresas con sede en las islas, que tributen y generen empleo local. “Esta crisis no debe servir para reforzar el chantaje, sino para recuperar soberanía en un sector tan estratégico como la conectividad aérea”, afirman.
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