La ministra de Educación y portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.
Plena Inclusión España ha tachado de «éticamente inaceptable» que algunas personas «están utilizando» los rostros, voces y dificultades o limitaciones de los niños con discapacidad intelectual «como arma arrojadiza en el debate público» sobre la nueva Ley Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE), más conocida como ‘Ley Celaá‘.
Así lo ha denunciado este viernes la organización que trabaja por la plena inclusión de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias. «Esta campaña, de forma irresponsable, está contribuyendo a agravar los prejuicios y estereotipos sociales a los que se enfrentan nuestros hijos e hijas cada día de sus vidas», ha alertado.
Por otro lado, ha rechazado «la difusión de información manipulada o parcialmente falsa sobre lo que dice la ley y sobre el futuro de los centros de educación especial».
De este modo, Plena Inclusión ha defendido que «cuando existen suficientes apoyos en el ámbito escolar ordinario, el resultado obtenido es muy positivo» y ha añadido que la educación especial tiene «insuficientes recursos» que, generalmente, tienen que compensar las familias. «Por ello, las administraciones educativas deben garantizar la financiación necesaria», ha recalcado.
Respecto los aspectos positivos de la ‘Ley Celaá’, la organización ha indicado que «elimina una discriminación histórica porque reconoce el derecho a una titulación adaptada a los alumnos y alumnas».
«La nueva ley admite que es necesario mejorar la capacidad de los colegios ordinarios en los cuales cursan estudios la mayor parte de los niños y niñas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Ellos tienen derecho, como cualquier alumno o alumna, a una educación de calidad que permita una inclusión real», ha manifestado.
Asimismo, ha hecho hincapié en que los colegios de educación especial «se reconocen como fuente de conocimiento y experiencia imprescindible», por lo que se les da «un papel fundamental como centros de referencia y apoyo para todo el sistema educativo con la finalidad de mejorar la atención a la diversidad».
No obstante, también rechazan que la ley no prevé «los recursos para garantizar una escolarización óptima del alumnado», que no se reconoce a las familias «el derecho a elegir modalidad educativa con los recursos necesarios» y que «no hay garantía de apoyo para la red de centros concertados de Plena Inclusión».
El Pleno del Congreso aprobó este jueves el dictamen de la Comisión de Educación y FP sobre la LOMLOE, con los votos a favor del PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV y Más País. Por tanto, la iniciativa será remitida al Senado para continuar con el trámite parlamentario.
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