La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado reclama a Unidos-Podemos que incluya las devoluciones en caliente en la negociación de su acuerdo con el PSOE para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019.
Este colectivo -que lucha a favor de los Derechos Humanos en el ámbito de la Inmigración- hizo dicha petición tras la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de devolver a Marruecos de 55 de los 209 migrantes que saltaron este domingo la valla que separa Melilla de Marruecos.
“Lamentamos que el Gobierno de España vuelva a desconocer el contenido del artículo 4 de la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, que rechaza de forma expresa las expulsiones colectivas de extranjeros”, apuntó la Red de Inmigración en un comunicado. “Se ha vuelto a aplicar el ‘modelo Corcuera de 1992’, para devolver a personas sin cumplir más que las garantías formales”.
Por ello, la organización instó formalmente al Grupo Parlamentario de Unidos Podemos, que recientemente ha firmado un acuerdo con el PSOE para la aprobación de los PGE, a utilizar “su mayoría parlamentaria y posición en la Cámara para impedir que se vuelva a aplicar el acuerdo de 1992”, tal y como informa Servimedia. “Le pedimos que haga valer su peso en el Parlamento para impedir que semejante vulneración de los derechos humanos se siga produciendo”.
La petición a Podemos se produce después de que Red Española de Inmigración presentara una denuncia ante el Defensor del Pueblo para que investigue la muerte de un inmigrante tras el salto a la valla de Melilla del domingo.
En su escrito al Defensor del Pueblo, ha recalcado que el Ejecutivo «está aplicando actuaciones unilaterales, sin guarda de las garantías básicas, para la devolución inmediata de personas migrantes extranjeras» hacia Marruecos.
Para la Red, esa aplicación causa «grave alarma social e incumplimiento de Derechos fundamentales, así como tutela efectiva de las garantías procesales para las personas que se encuentran ya efectivamente en territorio nacional».
La Red critica que dicho acuerdo con Marruecos se convierta “en la tónica del Gobierno para solucionar un problema estructural de coordinación de flujos migratorios» cuando es contrario a lo recogido en el Protocolo número 4 al Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, que rechaza de forma expresa las expulsiones colectivas de extranjeros”.
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