El secretario general de la UGT, Pepe Álvarez Suárez, en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica.
«Hay empresas que con una quita o un nuevo crédito pueden tener suficiente y otras que necesitarán ayudas directas. En este contexto además lo que es fundamental es la coordinación entre el Gobierno y las comunidades autónomas porque las pymes, los autónomos y, en muchos casos, los trabajadores de este país, ven como las promesas se acumulan, pero a la hora de ir a hacerlas efectivas todo se complica con la burocracia», ha subrayado.
Álvarez, en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, ha explicado que en la reunión de diálogo social sobre el Plan de Recuperación que se celebró ayer en el Ministerio de Asuntos Económicos no se habló sobre el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de un fondo de 11.500 millones de euros para reforzar la solvencia de las empresas.
En todo caso, el dirigente sindical ha subrayado que es necesario mejorar el sistema para hacer llegar estos recursos a pymes y a autónomos, que no se quede todo en decisiones financieras y que sea para aquellos sectores que más lo necesitan.
«Y es importante que, en estos momentos, parece que en la recta final de la pandemia, podamos conseguir que las empresas, especialmente en la hostelería y restauración, reciban ese soporte para poder mantener la actividad», ha destacado.
Por otro lado, en relación a la Ley de plataformas digitales, conocida como ‘Ley de Riders’, Álvarez ha manifestado que se sigue negociando porque el Gobierno «se ha impuesto a sí mismo» la condición de contar con el beneplácito de la CEOE.
En todo caso, el líder de UGT ve fundamental que esta futura regulación no se ciña sólo a los repartidores, sino a las plataformas digitales en general y, especialmente, al reparto de paquetería a domicilio. «Los riders son seguramente los más visible de un sistema de explotación al que están sujetos muchos trabajadores de nuestro país», ha insistido.
En su opinión, si no hay acuerdo con el Gobierno, éste tendrá que legislar, pues el Tribunal Supremo ya ha situado «claramente parte de los límites» al establecer que los repartidores deben considerarse trabajadores por cuenta ajena.
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