Libertad de prensa
La PDLI considera que esta investigación supone un ataque directo contra la libertad de prensa protegida por la Constitución y vulnera la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), alertando sobre la gravedad de criminalizar a periodistas por publicar información contrastada y de interés público.
Jacobo Dopico, jurista de la PDLI y catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III, ha recordado que la actividad periodística de publicar hechos de relevancia pública tras una adecuada contrastación «está claramente amparada por la Constitución Española» y no puede considerarse delito por el mero hecho de provenir de una supuesta filtración judicial.
“Las garantías constitucionales no ceden aunque la fuente haya cometido una supuesta ilegalidad”, afirma la PDLI
El experto ha resaltado además que el TEDH ha manifestado repetidamente que la libertad de prensa prevalece incluso si las fuentes han incumplido deberes legales. Dopico cita sentencias europeas significativas como las de Roemen & Schmitt contra Luxemburgo (2003), Ernst contra Bélgica (2003), Tillack contra Bélgica (2007), Voskuil contra Países Bajos (2012) y Nagla contra Letonia (2013), en las que el Tribunal condenó a Estados europeos por prácticas similares contra periodistas.
La PDLI exige a las autoridades judiciales españolas que cesen inmediatamente cualquier acción penal contra periodistas cuya única función ha sido informar responsablemente sobre hechos públicos de gran relevancia. Además, advierte que trasladará la situación a instancias europeas dedicadas a la protección de la libertad de prensa.
La plataforma trasladará el caso a organismos europeos si la investigación no se detiene de inmediato
La citación judicial afecta a cuatro redactores de los diarios ‘El País’, ‘El Mundo’ y ’20 Minutos’, que deberán comparecer el próximo 19 de junio en calidad de investigados. Los periodistas publicaron información sobre el informe de la UCO, que analizaba mensajes y correos electrónicos intervenidos a la fiscal provincial madrileña, Pilar Rodríguez, implicando al fiscal general del Estado.
Esta actuación judicial se origina tras las quejas presentadas por la Abogacía del Estado, en representación de Rodríguez y García Ortiz, por presuntas filtraciones relacionadas con el informe elaborado tras el registro en el despacho de Rodríguez el pasado 30 de octubre.
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