Puerto de mercancías
La convalidación del Real Decreto Ley de reforma de la estiba ha dinamitado el conflicto. Los estibadores (españoles e internacionales) ya han anunciado que plantarán batalla al movimiento del Gobierno de Mariano Rajoy. Sin embargo, el choque aún puede pararse. O al menos eso piensa la patronal.
La Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (Anesco) ha convocado una reunión con las organizaciones sindicales más representativas del sector para evitar la huelga. Un encuentro que se celebrará el próximo lunes 22 de mayo. Por el momento, tanto sindicatos como las empresas ya han anunciado su voluntad de alcanzar un acuerdo que frene el conflicto.
En un comunicado, Anesco ha hecho un llamamiento al diálogo para poder fijar “acuerdos satisfactorios para todas las partes implicadas”. De la misma manera, las empresas han querido criticar a los pasos de los estibadores. La asociación ha denunciado las “huelgas encubiertas que se continúan produciendo en la mayoría de los puertos españoles”.
Y es que la patronal ha exigido el cese inmediato de estas “ilegales medidas de presión” como requisito indispensable para mantener espacios de diálogo. Por ello, desde Anesco han apelado a la responsabilidad de los trabajadores de la estiba y a las organizaciones que les representan para desenmarañar la amenaza de huelga que sobrevuela en el sector.
Bruselas bendice el ‘decretazo’
De la misma manera, una parte fundamental del conflicto ha alzado la voz. La Comisión Europea ha dado el visto bueno a la reforma que ha redactado el Gobierno español por lo que se podría dar punto y final a los problemas que tiene el país con el Tribunal de Justicia de la UE. Por el momento, Bruselas ha manifestado que informará a la corte europea de los cambios.
No obstante, según el Ejecutivo europeo España tendrá que asumir los 24,5 millones de euros en concepto de multa acumulada por incumplir la normativa el régimen de la estiba. Lo que sí ha conseguido evitar es la segunda multa de 134.122 euros diarios que Bruselas proponía por cada día de retraso desde el día en el que el TJUE hiciese pública su segunda sentencia.
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