Pasaporte covid: dónde es obligatorio y dónde (todavía) no

Un buen puñado de comunidades cuentan ya con el aval judicial para hacer obligatorio el uso del pasaporte covid en centros sanitarios y sociosanitarios, así como en celebraciones o en el ocio nocturno. Este es el caso, por ejemplo, de las mencionadas Galicia, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana o Islas Baleares, entre otras.

Este mismo viernes el Tribunal Supremo consideraba adecuada, necesaria y proporcionada la exigencia del pasaporte covid en el País Vasco, según recoge Europa Press. Otras regiones, como Andalucía, están pendientes de la justicia.

Desde la Junta confían en que en días se pronuncie el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre el certificado digital tras modificar la orden. Y es que, este órgano no ratificó la normativa para exigir este pasaporte para acceder a centros sanitarios y sociosanitarios “al no contar con una limitación temporal de su vigencia”.

Por otra parte, hay comunidades que ni se lo plantean. Este sería el caso de Extremadura, Castilla-La Mancha y Madrid. Descartan por completo este escenario y no consideran necesario implantar esta herramienta.

“No planteamos el uso” del pasaporte

Precisamente, este mismo viernes el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha insistido en que no está en sus planes imponer este pasaporte ante la situación de “control” y el avance de la vacunación. Y lo ha dicho después de que la Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos (España de Noche) haya reclamado la implantación del certificado covid en todas las comunidades antes de Navidad.

Aunque “todo son herramientas que pueden sumar”, el consejero ha explicado que con un porcentaje de vacunación como el actual en la región “no es una medida que vaya a permitir un avance adicional” en el aumento vacunal, recoge Europa Press. En cualquier caso, ha indicado, se trata de una medida que se debería adoptar a nivel nacional de Sistema Nacional de Salud y evitar así “la confusión” que genera que en unas regiones los tribunales permitan su implantación y en otras no.

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