13-08-2021 Varios agentes y vehículos de la Policía Local de Ceuta acompañan a menores no acompañados hacia una furgoneta, en las inmediaciones del Polideportivo Santa Amelia, donde fueron acogidos 250 de los 800 menores que llegaron a Ceuta el pasado mes de mayo, a 13 de agosto de 2021, en Ceuta (España). Las fuerzas de seguridad se han desplazado hasta el polideportivo para hacer efectiva la directriz firmada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que se ordena la devolución a sus países de origen de los menores llegados a España en lo que se considera la mayor crisis migratoria reciente, cuando Marruecos levantó el control de la frontera. Los menores acogidos en la nave del Tarajal y en los módulos prefabricados de Piniers también serán repatriados. ONG como 'Save the Children' o UNICEF ya han manifestado su oposición a esta orden al considerar que las devoluciones de menores son ilegales. POLITICA Antonio Sempere - Europa Press
Las entidades denuncian que estas «devoluciones forzadas» se realizaron «sin garantías» para los niños y «quebrantando la obligación legal que tiene el estado de proteger a todos los menores en situación de vulnerabilidad».
«Ante esta violación flagrante, una decena de colectivos y organizaciones antirracistas y defensoras de los derechos migrantes exigen a través de la campaña #MarlaskaDimision la renuncia del ministro del Interior por su responsabilidad directa en las irregularidades del proceso de expulsión que ya han señalado autoridades como el Defensor del Pueblo y la Audiencia Nacional, además de juristas y organizaciones defensoras de los derechos de la infancia», declaran a través de un manifiesto.
PIDEN DEROGAR LA LEY DE EXTRANJERÍA
En este texto, también se reclama la derogación del acuerdo entre España y Marruecos que, a su juicio, es contraria a la obligación del Estado de proteger los derechos de la infancia migrante.
Estas organizaciones, «señalan» al Gobierno y a las autoridades de Ceuta «como responsables de la violación de los derechos de la infancia» y de los tratados internacionales en esta materia, así como de las garantías jurídicas y la omisión de información a menores devueltos ilegalmente a Marruecos.
Del mismo modo, llaman al Ejecutivo a derogar la Ley de Extranjería por «vulnerar los derechos humanos y fundamentales de las personas migrantes» y por «condenarlas a una condición de irregularidad administrativa».
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