03-03-2020 Manifestantes con máscaras de Anonymous y banderas de España se concentran frente a las puertas del Congreso de los Diputados en rechazo a la no autorización por el Gobierno a la tramitación parlamentaria de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por Jusapol, la plataforma que agrupa a policías y guardias civiles para pedir la equiparación salarial. Esta propuesta sí pudo ser tramitada en 2018 y llegó a ser tomada en consideración por el Pleno, pero ahora el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos ha vetado su debate. En Madrid (España), a 3 de marzo de 2020. Manifestación de la asociación de agentes de Policía y Guardia Civil Jusapol frente al Congreso de los Diputados POLITICA Jesús Hellín - Europa Press
La de este sábado es una movilización «en unión al resto de sindicatos y asociaciones profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de España», según ha destacado Jusapol, la plataforma convocante que, desde 2018, ha protagonizado numerosas concentraciones para pedir una equiparación salarial «real» frente al Congreso y el Ministerio del Interior. La marcha se iniciará a las 11.30 horas en la Puerta del Sol y al final se leerá un manifiesto.
La cita congregará en la capital a los máximos dirigentes de PP, Vox y Cs, aunque en el caso del presidente ‘popular’, Pablo Casado, este viernes no estaba claro si podría ir por coincidirle con un acto del partido en León. La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, y el líder de Vox, Santiago Abascal, sí han confirmado que apoyarán con su presencia a los policías.
A la marcha policial acudirán también la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. Si al final se confirma la presencia de Casado, es previsible que se busque la foto conjunta de los dirigentes ‘populares’ en pleno pulso interno por el control del PP de Madrid.
La marcha discurrirá por el centro de Madrid bajo el lema «No a la Inseguridad Ciudadana», y contará con el apoyo de unas 40 organizaciones policiales, entre ellos sindicatos representativos de la Policía Nacional y locales, así como de las asociaciones profesionales de la Guardia Civil.
También lo respalda organizaciones policiales representativas del País Vasco y de Navarra, aunque no así de los Mossos d’Esquadra. Fuentes de la marcha convocada por Jusapol aseguran que el SIPE de la Ertzaintza ha confirmado que secunda la manifestación –en la protesta frente a delegaciones participó, además de este sindicato, ErNE, EUSPEL y SVPE-PLES–. En el caso de Policía Foral quien apoya es APF.
Por parte de los mossos, se suma una asociación sin representación en los órganos internos de la policía catalana, la conocida como ‘Policías Autonómicos por la Pasarela’, que agrupa a agentes que piden ‘pasarse’ a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Los convocantes incluyen a una docena de organizaciones representativas de los policías locales y bomberos, así como a otros sindicatos como CSIF, que la semana pasada anunció que «miles de policías locales de toda España» acudirían a la marcha del día 27.
Tras las discrepancias iniciales por el calendario de protestas, las organizaciones mayoritarias en la Policía y la Guardia Civil, JUPOL y JUCIL, señalaron que su protesta del sábado, aunque canalizada por Jusapol, se abriría a otros sindicatos. Además, respaldaron la convocatoria del pasado 24 de noviembre frente a delegaciones del Gobierno de otra plataforma, ‘No a la España insegura’.
Tanto desde el Gobierno como el PSOE y Unidas Podemos han lanzado mensajes en las últimas horas señalando que la reforma de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana aprobada por la mayoría absoluta del PP en 2015 se llevará a cabo porque es un compromiso de los socios del Ejecutivo, respaldado por otros partidos como PNV, ERC o EH Bildu.
Los socios del Gobierno apuntan que la reforma de la ‘ley mordaza’ lo que busca es dar mayor garantía y seguridad jurídica tanto a los manifestantes como a los policías, como sostiene el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Los sindicatos, sin embargo, afean al Ejecutivo que se haya lanzado una reforma «arbitraria» porque no se ha contado con la opinión de las organizaciones policiales.
El proceso de enmiendas para la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana ha levantado quejas entre los policías por la regulación en la difusión de imágenes grabadas a los agentes en el ejercicio de su actividad profesional. También porque entienden que se «elimina la presunción de veracidad, con el consiguiente daño al ya perjudicado principio de autoridad».
La posibilidad de celebrar manifestaciones no comunicadas también ha sido criticado, ya que sostienen que esto merma su capacidad de preparar dispositivos de seguridad adecuados en prevención de posibles actos violentos.
Lo mismo ocurre con la «inoperatividad» que supondrá la reducción del tiempo máximo de identificación a un plazo de dos horas o la exigencia de devolver al arrestado al punto donde fue requerido, lo que entienden que les convertiría en «taxistas».
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