Las mareas invisibles

Los movimientos sociales pierden fuelle y repercusión. Una mala noticia para los ciudadanos que, en cambio, es bien recibida por el Gobierno y los sindicatos. El próximo domingo, los trabajadores de la Cultura ‘tomarán’ la calle madrileña para protestar contra lo que describen como una estrategia sistemática del Gobierno destinada a impedir el desarrollo, remunerado, de esta actividad.

No se trata sólo de haber situado el IVA del sector en el 21%, haber arremetido contra el cine o elaborado una Ley de Propiedad Intelectual que, fuegos artificiales aparte como esa etérea ‘tasa Google’ aún por regular, se mantiene en la línea, iniciada por otros, de hacer cada vez más difícil a los autores el disfrute económico de las rentas generadas por sus creaciones. Hay también en el entorno del poder una actitud de desprecio hacia estas actividades que enrarece el clima y hace un flaco favor al país.

Pues bien. Desde hace un par de semanas, la Plataforma en Defensa de la Cultura, que organiza esta manifestación intenta informar sobre las actividades que se desarrollarán, entre otras una interpretación del Coro de los Esclavos de la Opera Nabucco de Giuseppe Verdi en la que intervendrán más de mil cantantes y una orquesta sinfónica de un centenar de profesores.

A pesar de la espectacularidad de este ‘flashmob’, del número de asociaciones culturales implicadas y de que se trate de una movilización, apoyada por músicos, bailarines, cantantes, cineastas, pintores, arquitectos, libreros, escritores, bibliotecarios y arqueólogos, entre otras categorías profesionales, los medios de comunicación apenas han informado sobre la convocatoria.

Y no es el único caso de estas características que se ha observado en las últimos tiempos. También, los trabajadores de los registros civiles de toda España llevan semanas movilizados. Intentan impedir los planes de privatización de este servicio, de momento, gratuito para los ciudadanos.

Pero su protesta se ha encontrado con el silencio clamoroso de los medios de comunicación que parecen haber perdido gran parte de su interés por los movimientos sociales tras la victoria judicial de la Marea Blanca en la batalla contra la externalización de la gestión hospitalaria en Madrid.

Hasta no hace tanto, hubiera resultado casi imposible que un asunto con estas características se viera perjudicado por esta especie de apagón informativo a la que se enfrenta ahora. Y del que se sienten víctimas los trabajadores que luchan por impedir que el Registro Civil deje de ser un servicio público gratuito.

Recapitulemos. La intención del Gobierno, en los cambios legislativos que impulsa el ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, es entregar la gestión de estos organismos, ahora gratuitos para el ciudadano, a los registradores de la propiedad, ese cuerpo ‘parapúblico’ al que pertenece el presidente del Gobierno Mariano Rajoy y en el que trabajan también algunos de sus hermanos y Teresa Touriñán, la esposa del hijo mayor de Gallardón.

El movimiento, además, implica, según las cifras aportadas por los sindicatos del ramo, un regalo de unos 180 millones de euros a los registradores y fue ampliamente denunciado por los mismos medios que hoy lo obvian hace unos cuántos meses, cuando saltó la noticia de que el Ejecutivo lo tenía en estudio. Y, sin embargo, ahora que se dispone a hacerlo, y a pesar de que los partidos de la izquierda parlamentaria han presentado distintas iniciativas en su contra, las informaciones sobre esta lucha también aparecen con ‘cuentagotas’.

En paralelo, a estos dos casos, que son sólo dos ejemplos concretos, el cansancio ha hecho mella en los ciudadanos que parecen hastiados de movilizaciones sin resultados concretos y atribuyen a la justicia los pocos éxitos alcanzados por los movimientos sociales en su batalla contra los recortes. Un proceso que, desde las cúpulas de los sindicatos clásicos se ve, incluso con agrado, porque hace tiempo que tenían detectado como un peligro para su intereses, la proliferación de estos colectivos descontrolados capaces de enarbolar auténticas reivindicaciones laborales.

Sin embargo, el momento es delicado. Hay elecciones en el horizonte y no estaría de más reflexionar cuidadosamente antes de emitir el correspondiente voto. Y no olvidar que, a pesar de la tregua que la justicia ha propiciado en el caso de las privatizaciones hospitalarias, de momento, casi todos los atropellos que provocaron el estallido popular de hace unos meses siguen sobre la mesa.

Nada ha cambiado. Ni cambiará, incluso si llega la recuperación económica, porque la crisis puede ser coyuntural, pero las leyes que se han introducido para acabar con el estado del bienestar, abolir los derechos laborales, complicar el acceso a la educación y devastar la Ciencia y la Cultura, tienen vocación de permanencia. Y hay que mantener la presión para conseguir evitarlo.

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