¿Quién busca soluciones?

Mientras las rentas del trabajo han sufrido un severo recorte, los precios de los servicios y los costes de la financiación siguen al alza. La semana pasada apuntábamos en esta columna que la economía española tenía serias dificultades para ser competitiva porque los precios de la energía y las telecomunicaciones, en especial la banda ancha, son más elevados aquí que en los otros países del entorno europeo. Hoy pretendemos completar la descripción de este complicado panorama echando un vistazo a la escasez y los elevados costes que soportan las empresas de este país para financiarse.

En estos días, se han publicado los últimos datos disponibles en el Banco de España relacionados con los flujos de crédito. En diciembre de 2013, los saldos de esta magnitud habían caído un 5,6% con respecto al año anterior, en total, el volumen de los préstamos bancarios vivos concedidos a empresas y familias equivalía al 181% del PIB, más o menos la misma cifra que 2006.

Además, en el caso concreto de las compañías, en la fecha anteriormente mencionada la cifra se situaba en el 104,6% del PIB. En 2010, por ejemplo, este mismo guarismo alcanzaba el 124,6%. De modo que las cifras demuestran que el crédito sigue siendo escaso y que el dinero no fluye como debiera al tejido productivo a pesar del altísimo coste que el saneamiento bancario ha supuesto para el Estado español.

Pero, como decíamos al principio, a esta circunstancia hay que sumarle otra que aún agrava más la situación:los diferenciales en los costes de esa financiación. Hoy por hoy el diferencial en el coste que paga por conseguir un préstamo una pequeña o mediana empresa española, en las que reside la principal fuente de generación de empleo de este país, con respecto al vigente en Alemania, por ejemplo, es de más de 350 puntos básicos, según los datos del Banco Central Europeo (BCE).

Las pymes de este país pagan unos tipos de interés en tasa anual equivalente (TAE) que superan siempre el 7%, mientras que sus competidoras alemanas sólo abonan un 3,5%. Más o menos. Las empresas españolas también abonan unos intereses al que soportan las francesas, poco más de un 4%, y, en general al marcado por la media europea que no llega al 4,5%. Aunque las dificultades no terminan aquí. Además de verse obligadas a abonar estos intereses elevados, las entidades financieras exigen a estas compañías unos avales y unas garantías casi inalcanzables para un buen número de ellas.

A partir de esta situación real es fácil concluir que el progresivo frenazo que está experimentando el deterioro de la economía española sólo puede atribuirse al recorte de las rentas del trabajo, el único ajuste cierto que sí se ha producido en el proceso de devaluación interna impulsado por el Gobierno.

Es evidente que esa caída no se ha extendido al resto de los precios de los otros servicios necesarios para asegurar una evolución favorable de la economía. Y también que esa reducción de los costes laborales realizada por medio de fuertes rebajas salariales, tiene dos contrapartidas perversas. Primero el drama social que generan y luego su influencia en la caída del consumo interno que convierte en casi imposible que pueda producirse una recuperación económica vigorosa y sostenida.

Y, a pesar de esta complicada coyuntura, en España estamos siendo testigos del silencio sonoro de algunos colectivos que deberían mostrarse mucho más activos a la hora de exigir responsabilidades y enunciar otras vías para reflotar la actividad económica. Hasta ahora no hemos podido escuchar ninguna voz procedente de los mundos académicos o políticos que ofrezca alternativas o, por lo menos, demande soluciones urgentes.

Las únicas recetas que se aportan a la hora de buscar salidas a la crisis tienen un claro corte neoliberal, se parecen como gotas de agua a aquellas que han provocado el colapso económico e insisten, una y otra vez en recomendar aún más recortes salariales y sociales.

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