En los próximos días entrará en vigor el conocido ya como ‘tasazo’ judicial. A partir de ahora apelar costará 800 euros e ir al Supremo 1.200. Pero habrá personas que estarán exentas, “los ciudadanos que realmente no tienen recursos”, que para el Ministerio de Justicia no son los mismos que para el de Economía.
Con la reforma de Alberto Ruiz-Gallardón, las familias que se podrán beneficiar de la justicia gratuita serán aquellas que ingresen menos de 2,5 veces el Iprem (un índice empleado como referencia para la concesión de ayudas, becas, subvenciones o el subsidio de desempleo entre otros). Es decir, 15.975 euros anuales.
En el caso de los desahucios el umbral varía. Las familias que podrán evitar los lanzamientos deberán tener una renta inferior a los 19.170 euros, el equivalente a tres veces el Iprem.
Según los cálculos del ministro de Economía, Luis de Guindos, en España hay 17,3 millones de hogares, de los que el 45%, 7,78 millones de hogares, obtienen unos ingresos por debajo de lo exigido en la normativa para paralizar durante dos años un desahucio.
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