Algunas filtraciones que han aflorado en los últimos días en los medios de comunicación de media Europa apuntan a que en Bruselas, y en ciertas esferas financieras relacionadas con el Gobierno alemán, se estarían planteando una fórmula para luchar contra la crisis que incluye la participación activa del Banco Europeo de Inversiones (BEI).
Dentro de este esquema, apenas enunciado, se canalizarían ciertas partidas de inversión pública a través de ese organismo prestamista multilateral tan poco conocido que se alumbró con idea de ayudar a la reconstrucción de los países del Este, un empeño que interesaba especialmente a las autoridades económicas teutonas, por su puesto.
En principio, el revitalizar al mortecino BEI para que se convierta en el motor que financiará proyectos necesarios para propiciar el crecimiento económico y contribuir a la tarea de generar empleo no tendría que ser una mala idea. Al contrario. Lo que sucede es que hay mucha letra pequeña en el pliego de condiciones de esta especie de contrato social que se pretende presentar.
Tanta, que prácticamente certifican la inviabilidad de una propuesta que sólo parece destinada a demostrar a los ciudadanos europeos, sobre todo a los que tienen que votar próximamente como los franceses, que Bruselas y Berlín se preocupan por el futuro del Viejo Continente y buscan maneras de fortalecer al euro, esa moneda única que tanto han contribuido a debilitar.
El principal problema, que no el único, es que según se apunta en esos primeros comentarios sobre el esquema a poner en práctica no hay ninguna intención de dotar al BEI de los fondos necesarios para que acometa la tarea que le encargará. La idea parece ser titulizar la actual cartera de préstamos de la institución en una suerte de aplicación en el corazón mismo de las instituciones financieras de esa ingeniería financiera multiplicadora de panes y peces que se encuentra en el propio origen de la devastadora crisis económica que padece el planeta.
Más de lo mismo y, por si fuera poco, de nuevo, se acrecienta el negocio de los operadores financieros que, contra todo pronóstico, ni han pagado sus errores y delitos, ni han visto controlada su actividad por una regulación adecuada y una supervisión eficiente. Y siguen siendo actores protagonistas y con poder de decisión en todos los proyectos políticos que Bruselas y Berlín amenazan con poner en marcha para garantizar la continuidad y viabilidad de la Unión Europea (UE).
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