Comentó Igor Stravinsky en una ocasión que Vivaldi no había compuesto nunca quinientos conciertos sino quinientas veces el mismo concierto.
Comentó Igor Stravinsky en una ocasión que Vivaldi no había compuesto nunca quinientos conciertos sino quinientas veces el mismo concierto. Uno tiene la misma sensación que el músico ruso cuando lee una información sobre la Justicia española. Las quejas se repiten a modo de letanía sobre los males endémicos de nuestra Administración de Justicia: lentitud en su funcionamiento, sobrecarga de trabajo en los juzgados y tribunales, falta de medios materiales, escaso número de jueces o el lamentable estado de los edificios judiciales.
El Quinto Barómetro Externo del Consejo General de la Abogacía de 2015 pone de manifiesto el clamor ciudadano por una reforma inmediata y a fondo para mejorar el funcionamiento de la Justicia. Y lo que es mas importante, en relación con anteriores estudios de opinión, con el paso de los años crece paulatinamente el porcentaje de ciudadanos que emiten un diagnóstico desfavorable sobre el funcionamiento de nuestros tribunales.
Junto a esa opinión negativa de los españoles, a medida que el tiempo pasa, algunos de estos problemas se agravan y otros nuevos se acumulan. Sobre los primeros, a destacar, el colapso que sufren algunos de los juzgados de lo social con grave perjuicio de aquellas personas que habiendo perdido su trabajo como consecuencia de la crisis económica ven demorados sus juicios por despido en mas de un año. Una de las causas de esa doble victimización de los peor parados de la crisis es debida, sin género de dudas, al número de jueces en nuestro país. Según el informe publicado por la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia (CEPEJ), que evalúa cada dos años los sistemas judiciales europeos, realizado en 45 países, arroja que en el año 2014 había 12 jueces por 100.000 habitantes en España cuando la media europea es de 21. Y sobre los segundos, no podemos olvidar la precaria situación laboral de las nuevas promociones de jueces y juezas, en permanente incertidumbre sobre cual será el órgano judicial del que se harán definitivamente cargo, peregrinando mientras tanto por diversos Juzgados y Tribunales, y con serias dificultades de conciliación personal y familiar.
Pero ante todo, lo que ha provocado una reacción de la mayoría de los miembros de la carrera judicial y fiscal en consonancia con el malestar de la sociedad española han sido las continuas noticias sobre casos de corrupción política. En las encuestas que de modo regular realiza el Centro de Investigaciones Sociológicas, a la hora de identificar los tres problemas principales que existen actualmente en España, los ciudadanos señalan de forma repetida e invariable en los últimos años, primero el paro y en segundo lugar la corrupción y el fraude, por delante de los problemas de índole económica. Cierto es que la crisis económica ha incrementado el nivel de exigencia social, y aunque la Justicia viene cumpliendo su cometido con cierta eficacia, a pesar de su lentitud, se ha generado en los últimos años un muy alto nivel de alarma social. Las asociaciones judiciales y de fiscales, compartiendo la preocupación ciudadana, en un comunicado sin precedentes hemos apelado al fortalecimiento del Poder Judicial como único garante de corregir las desviaciones de poder.
El principal problema de la Justicia española es de organización y de eficacia, y así lo opinan un 80 por 100 de los encuestados en el Barómetro de la Abogacía. Jueces para la Democracia ha denunciado constantemente que el sistema judicial vigente es decimonónico, sin que a la postre se haya actualizado más que en aspectos puntuales. Es por ello inaplazable una nueva organización y planta judicial acorde con los tiempos y la sociedad en que vivimos. Y resulta imprescindible un nuevo modelo de proceso penal, ágil y moderno, ya que el actual es a todas luces poco eficaz para combatir los complejos casos de delincuencia organizada así como las tramas de corrupción. Es indispensable, igualmente, una Justicia provista de personal y de medios para evitar ante todo que lo resuelto en sentencia no se cumpla o se cumpla tarde y mal. Piénsese que España está a la cabeza de los recortes presupuestarios, junto a Irlanda y Portugal, que afectan de forma adversa a los recursos dedicados al sistema judicial, según el citado informe de la CEPEJ. En definitiva, hacer de nuestra Administración de Justicia un servicio público de calidad que garantice el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que asiste a toda persona.
Capítulo aparte merece el órgano de gobierno del Poder Judicial. El protagonismo mediático del Consejo General del Poder Judicial, muy superior al de otros órganos constitucionales, lo sitúa de modo permanente en el centro del debate político. Resultando paradójico el elevado grado de desconocimiento por la mayoría de los españoles de las funciones y responsabilidades de este órgano.
La colonización por los partidos políticos de las instituciones y, especialmente, las vinculadas al Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, convirtiéndolo en una mera caja de resonancia de la confrontación partidista, acarrea importantes consecuencias en este órgano. Su funcionamiento por cuotas políticas, tal y como previno el Tribunal Constitucional, o la vergonzosa ratificación de su presidente previamente designado por acuerdo de los principales partidos políticos son algunas de ellas. Por no citar su falta de reacción a los ataques inaceptables a la independencia de los jueces y juezas por parte de algunos responsables políticos haciendo inoperativo el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
El hecho cierto es que su descrédito institucional contagia al sistema judicial en su conjunto. Por ello, el sistema de elección de sus miembros es uno mas de los problemas que padece el Consejo. Frente al actual sistema parlamentario, la vuelta al sistema de elección de vocales judiciales por los propios jueces debe tener como resultado una representación más plural y respetuosa con la igualdad de género, a diferencia del sistema originario de 1980 o de lo que acontece hoy en día en las salas de gobierno de los tribunales de tipo mayoritario. Ahora bien, no basta con que estén presentes las minorías sino que es igual de importante cómo se comporta la mayoría en el funcionamiento del órgano. En todo caso, consideramos que una decisión de tal envergadura ha de ser adoptada en sede parlamentaria con el consenso de las principales fuerzas políticas, para dotarla de estabilidad, y acompañada, obviamente, de un modelo de Consejo del Poder Judicial que cumpla adecuadamente su función primigenia de defender la independencia de los jueces y juezas.
Una vez mas, los tiempos que corren han puesto en valor la importancia de la Justicia y acrecentado el protagonismo de los jueces y juezas en la defensa de los más débiles, ya sean quienes han sido desahuciados por el impago de su hipoteca, trabajadores en precario, víctimas de las preferentes, menores, discapacitados o migrantes. Ello no ha hecho sino incrementar la confianza ciudadana en la Justicia como garante última de sus derechos y libertades frente a los abusos del poder, tal y como revelan los estudios de opinión.
No deja de ser cierta la frase de Stravinsky en lo que concierne al original e inconfundible tono que el compositor veneciano supo imprimir a su música y que la hace rápidamente reconocible. De la misma forma, todas las radiografías que se hagan de nuestro sistema judicial tienen un mismo estribillo que se repite inequívocamente con el paso del tiempo pero las tonalidades varían, adquiriendo nuevos matices. Aprovechando la formación del nuevo Gobierno y la apertura de la XII legislatura está en manos de los partidos políticos alcanzar un compromiso serio con la Justicia porque ésta no es sólo un problema de jueces, fiscales, abogados y funcionarios sino algo que afecta directamente a los ciudadanos como usuarios de este servicio público y, en última instancia, al funcionamiento del Estado de Derecho.
En el indicado Barómetro de la Abogacía se refleja que sondeo tras sondeo, una masiva proporción de españoles (81%) expresa una misma amarga conclusión: “todos los gobiernos, del color que sean, han tenido más interés por controlar la Justicia que por dotarla de los medios suficientes para que pueda funcionar mejor”.
Es por ello ineludible una apuesta decidida de todos los grupos parlamentarios en alcanzar un pacto de estado, o si se quiere llamar “estrategia”, por la Justicia al margen de los vaivenes e intereses políticos, en el que participen todos los protagonistas, a fin de establecer de una vez por todas un servicio público de calidad y gratuito, en otras palabras, que actualice su organización judicial decimonónica, accesible a todos los ciudadanos y que rehúya toda tentación de privatización de algunas de sus funciones como el registro civil. Y principalmente, como señala la Carta de Derechos de los ciudadanos ante la Justicia, una iniciativa parlamentaria histórica que alcanzó por primera y única vez la unanimidad de todos los grupos políticos, aunque carente de fuerza de ley, una Justicia transparente, comprensible, atenta y responsable con el ciudadano y la ciudadana.
Algunas propuestas para una reforma inaplazable de la justicia en España
