La investigación de papeles de Panamá apunta al ministro de Energía en funciones, José Manuel Soria, por una sociedad ‘offshore’, el día en que se pone en marcha la normativa sobre autoconsumo que grava las instalaciones solares. El >ministro de Industria y Energía en funciones, , acaba de unirse a la lista de los políticos salpicados por el escándalo de los papeles de Panamá. Según la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICJJ), el político canario figura como primer director de una firma en Bahamas creada en 1992 y vinculada al bufete Mossack Fonseca. Una información que sale a luz justo el día en que entra en vigor el polémico Real Decreto sobre el autoconsumo eléctrico –en el que se incluye el denominado ‘impuesto al sol’.
Una coincidencia que ha llevado al ‘popular’ a liderar otro listado: el de los temas más comentados en las redes sociales. A las quejas por la puesta en marcha de una norma que prevé multas de hasta 60.000 millones de euros a quienes no tengan sus instalaciones de autoconsumo debidamente registradas y un gravamen por el uso de paneles solares, se unen las críticas por la vinculación del ministro en funciones a paraísos fiscales.
De acuerdo a las informaciones que publican en España El Confidencial y La Sexta, en los documentos desvelados en la investigación de los papeles también figura la firma de su hermano menor, Luis Alberto Soria, que le habría sustituido como administrador de la sociedad que se creó antes de que Soria se convirtiese en alcalde de Las Palmas de Gran Canarias.
“Paradójico que el del ‘impuesto al Sol’ pueda terminar en la sombra”, apuntan algunos comentarios que pueden leerse en Twitter. Y es que, según el Real Decreto que regula el autoconsumo, a partir de ahora quienes cuenten con instalaciones de este tipo deberán pagar un “peaje de respaldo”, que puede suponer hasta 9 euros más IVA al año por kW de potencia de cada panel para los consumidores residencial.
Además, ha dejado la normativa ha dejado a miles de instalaciones fotovoltaicas fuera de la legalidad, según denuncian los ecologistas, pues muchas no se han registrado porque el Ministerio no ha detallado “cómo cumplir con las complejas exigencias técnicas y administrativas requeridas para modificar las instalaciones”.
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