¿Quién roba a quién?

Los chanchullos del Palau, de la familia Pujol, o el 3% de comisión en las adjudicaciones de obras públicas que se van conociendo sí son un robo. Artur Mas, heredero de Jordi Pujol en el liderazgo de CDC – Convergencia Democrática de Cataluña – ha jugado su baza independentista con la calumnia agresiva de “España nos roba”. Las cifras manejadas en las relaciones económicas entre Cataluña y el resto de España sin embargo no lo demuestran. Son cifras que, como todas, se prestan a variadas interpretaciones. España es una unidad administrativa fragmentada en comunidades autónomas donde los presupuestos favorecen unas veces más y unas veces menos a cada una. Cataluña no es casual que sea actualmente de las más ricas gracias en buena medida a los trabajadores del resto de España y a los clientes que en resto de España tienen sus productos.

Estas situaciones son normales y exactamente lo mismo ocurre en países tan centralistas como Francia o tan federales como Alemania o los Estados Unidos. Que las administraciones de los Estados pueden cometer injusticias más o menos voluntarias es cierto, pero lo normal es que las aportaciones o inversiones acaben equilibrándose y respondiendo a las necesidades coyunturales que se van creando o, en todo caso, a criterios políticos que se pueden discutir y modificar en un sistema democrático como es el español. El verbo robar últimamente la corrupción lo ha devaluado en su gravedad.

Pero el hecho de robar sigue siendo algo muy grave y utilizarlo como acusación a otros, el respeto a los demás y la justicia obligan a hacerlo siempre con veracidad. Utilizarlo como argumento político populista raya en lo intolerable y, como en este caso, en algo muy ofensivo para los acusados. Que en Cataluña haya quienes se consideren perjudicados respecto al resto de España puede ser una apreciación digna de ser analizada, aunque nadie a estas alturas ignora que es un argumento fácil para quienes aspiran a conseguir otros objetivos.

Mientras debatimos estas consideraciones, susceptibles por supuesto de ser debatidas y llegado el caso corregidas, en el asunto catalán lo que parece clara es la identidad de quienes roban. Porque los chanchullos del Palau, de la familia Pujol, o el tres por ciento de comisión en las adjudicaciones de obras públicas que se van conociendo, sí que es un robo; un robo a los catalanes, llevado a cabo por quienes meten la mano en los presupuestos en lugar de protegerlos, y de rebote a todos los españoles que contribuimos a mantenerlos. A las comisiones con que algunos se llevan crudo dinero de todos, sí que se le puede atribuir con toda seguridad el verbo robar.

Sobre esto no hay duda y es de suponer que Artur Mas y sus palmeros lo saben. O deberían saberlo porque si no lo supieran, entonces su incapacidad manifiesta sería igualmente motivo para exigirles responsabilidades. Acusar sin pruebas y hacer la vista gorda a quienes roban ambos son hechos muy graves y más cuando quienes lo hacen son corruptos de altos vuelos. Ya la Biblia lo censura cuando se refiere a los que ven la paja en el ojo ajeno e ignoran la viga en el propio.

Acceda a la versión completa del contenido