Bruselas parece volver a mostrarse como un ente incapaz de construir un futuro común para los países de la Unión Europea y, a cambio, opta por mirar hacia el pasado y por volver a poner sobre la mesa las exigencias contenidas en el Tratado de Maastricht con especial hincapié en la proporción de déficit público con relación al PIB que deben tener los Estados. La cifra se ha disparado últimamente a causa de las políticas anticrisis basadas en el gasto público que han tenido que poner en marcha los distintos países.
Pero hasta en este empeño la Comisión convierte en papel mojado sus propias decisiones previas con infinitas revisiones posteriores. En un principio, los 27 debían volver a situar sus déficit públicos por debajo del 3% a finales del próximo año. Sin embargo, ya se han establecido muchas excepciones a la regla y, por el hecho de afectar a los grandes países del club, casi podríamos apostar a que se constituirán en nueva norma.
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