IZQUIERDA UNIDA HUELVA
El movimiento #RegularizacionYa, apoyado por más de un millar de ONG y colectivos, se movilizará este domingo en al menos 11 ciudades del territorio español para exigir una regularización de todas las personas en situación administrativa irregular, así como el debate en Pleno «cuanto antes» de la Proposición no Ley registrada hace un mes en el Congreso de los Diputados y que contempla esta medida.
Dicha iniciativa, redactada por el movimiento #RegularizacionYa y la Coordinadora Obrim Frontera, fue registrada el pasado día 19 de julio en la Cámara Baja con el respaldo de ocho partidos: ERC, el Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comu Podem-Galicia en Común, Euskal Herria Bildu, la Candidatura de Unidad Popular (CUP) y el Grupo Parlamentario Plural (Más País Equo, Compromís, Junts Per Catalunya y BNG).
En este contexto, se manifestarán este domingo en más de 10 ciudades de España para pedir el debate en el pleno de la Proposición No de Ley que insta al Gobierno a iniciar un proceso de regularización «amplio, inmediato y sin condiciones».
En concreto, se han convocado movilizaciones, siguiendo las medidas de seguridad sanitarias con motivo del coronavirus, en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Huelva, Donostia, Cantabria, Almería, Alicante, Pamplona y Málaga, entre otros territorios. En la capital, la marcha partirá a las 19.00 horas desde Cibeles, y en Barcelona a las 18.30 desde la Plaza St. Jaume.
REGULARIZACIÓN «URGENTE, PERMANENTE Y SIN CONDICIONES»
La PNL introduce en su contenido las demandas de una regularización «urgente, permanente y sin condiciones» de las personas migrantes y refugiadas que hay en España. Esa regularización debe incluir «a todas las personas y no solo a las pertenecientes a un sector o situación».
Desde este movimiento estiman que hay entre 600.000 y 800.000 personas ‘sin papeles’ en España. El cálculo, que no es oficial, resulta de la diferencia existente entre estadísticas oficiales, como el Padrón Municipal y los datos sobre extranjeros con permiso de residencia arrojados por el Observatorio de la Inmigración, según han precisado.
Tanto #RegularizaciónYa como la Coordinadora Obrim Frontera trabajan «para visibilizar y denunciar las situaciones de desprotección y de extrema vulnerabilización en la que se encuentran las personas migrantes en situación administrativa irregular». Se trata de colectivos como el de las trabajadoras de hogar y cuidados, jornaleros, manteros, entre otros que, en su gran mayoría, según sostienen las ONG, «han estado en primera línea durante esta crisis sanitaria del COVID-19».
Esta es «una porción significativa de población que ha proveído de cuidados, alimentación y de prestación de servicios», según argumentan desde #RegularizaciónYa, que ha apuntado que «se plantea la regularización por una cuestión de justicia social y de equiparación de derechos de todas las personas».
«Ningún español se ha levantado un día sin beber o sin consumir una fruta que no haya recogido algún inmigrante», ha dicho el jornalero de Lepe y portavoz de #RegularizacionYa y de ASNUCI, Seydou Diop. Sin embargo, ha lamentado que «social y políticamente aún se ve con xenofobia al inmigrante y no tanto los aspectos que aporta». «Deberían preguntarse si quienes proveen de la uva del vino que disfrutan, vive dignamente o no», ha agregado.
Las ONG y colectivos antirracistas han destacado que la pandemia ha puesto en evidencia cómo los colectivos vulnerabilizados, como las personas migrantes en situación irregular, «son quienes han estado más expuestos». Ellas, por tener una situación administrativa irregular y a estar en grave riesgo de exclusión, «son quienes han quedado fuera de todas las medidas sociales diseñadas por el Gobierno, tales como el Ingreso Mínimo Vital».
«Este es un buen momento para la regularización. Es algo muy urgente porque estamos en una crisis sanitaria y económica a escala no solo nacional, sino mundial», han insistido Diop.
Tal y como ha recalcado el joven, las personas ‘sin papeles’ siguen «trabajando en primera línea y pasando por situaciones de explotación laboral» sin que se reconozca su «derecho a estar debidamente documentadas». «Necesitamos que la regularización sea permanente para evitar más vulnerabilidad económica y exclusión social. Sin este reconocimiento fundamental, no hay igualdad de trato posible», ha defendido.
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