Agentes de Policía y personas migrantes en la playa del Tarajal - Antonio Sempere - Europa Press
Estas ONG han denunciado que en la noche de este martes se produjo un intento de entrada en la valla de Melilla por la zona del Dique Sur. En el lugar, relatan, se personaron agentes de la Policía y la Guardia Civil que no permitieron a la gente que se acercara a la zona, recoge Europa Press.
Horas más tarde, estas organizaciones presenciaron cómo dos furgones de la Guardia Civil llevaron a un grupo de personas que ya estaban en territorio español y de las que no se puede precisar el número (entre 10 y 20) hacia el inicio del Dique, donde se encuentra una de las puertas que comunica ambos lados de la frontera, por donde “expulsaron a estas personas” que fueron “recibidas por agentes marroquíes”.
Según la AMDH (Association Marocaine des Droits Humains – Section Nador), se trata de unas 40 personas de origen subsahariano, todos ellos hombres jóvenes, de los que no se ha precisado la edad. Desde el otro lado de la frontera, también la sociedad marroquí confirma que se produjeron estas devoluciones, que son negadas desde Delegación del Gobierno de Melilla.
“No sabemos el estado de salud de las personas devueltas ni se puede asegurar su integridad física en este momento”, lamentan las organizaciones. Desde ‘Solidary Wheels’, explican, se ha contactado a Delegación del Gobierno para constatar esta práctica y si se ha respetado la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional de la que España es parte. “Por el momento, no hemos obtenido ninguna respuesta”, han declarado.
Estas entidades recuerdan que, aunque la figura del rechazo en frontera es legal desde 2015, esta “es contraria a los Derechos Humanos” y debe “realizarse con unas garantías mínimas, de abogado, intérprete y asistencia médica, que no han podido ser cumplidas ni acreditadas en los hechos” presenciados en Melilla este martes.
También denuncian que a estas personas no se les ha permitido solicitar asilo, pudiendo ser beneficiarios de la protección internacional.
“Insistimos en que Marruecos no es un país seguro y que las devoluciones realizadas ponen en peligro las vidas de las personas que las han sufrido. España está violando sistemáticamente los derechos de las personas migrantes, atentando contra sus vidas y externalizando el control de sus fronteras a un régimen dictatorial que no respeta los derechos y libertades ni de sus ciudadanos ni del resto de migrantes”, han concluido.
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