‘Okupas’ en su propia casa por culpa de un fondo buitre

Ruth tiene 41 años, dos hijos pequeños, de uno y seis años, un marido en paro y desde el 31 de julio vive con el miedo a quedarse sin un techo para su familia. El motivo: un fondo buitre compró la VPO en la que vive de alquiler desde 2014 en el número 3 de la calle Juan Gris de San Sebastián de los Reyes y le han encarecido la renta en una cuantía que dado sus ingresos actuales -768 euros al mes- no puedo pagar. Por ello, y puesto que empresa –Lazora, del Grupo Azora, filial de Goldman Sachs- no le ha renovado el contrato y que éste ha vencido pasado el 31 de julio, se ha convertido en una especie de ‘okupa’ en su propia casa.

Ahora, Ruth -que pagaba 600 euros mensuales y a la que exigieron una renta en un primer momento 999 euros y después le propusieron 849 euros- se enfrenta a un posible desalojo, puesto que sus ‘caseros’ le exigen que “deje las llaves o emprenderán acciones legales”, dado que “yo no puedo pagar esa cantidad”.

El caso de Ruth es el primero que podría acabar en un desahucio en este bloque de San Sebastián de los Reyes, pero puede que no sea el único. De momento, ya hay otra inquilina, también con dos niños, a la que le ha cumplido el contrato el 15 de septiembre y que como las 37 familias que alquilaron pisos de VPO –que aún quedan en el edificio- no pueden hacer frente a las subidas de entre el 40% y el 60% en sus rentas.

“Exigimos un alquiler asequible” afirma Ruth Mélida, que hace notar que si hubieran tenido recursos económicos suficientes no hubieran alquilado VPO y se queja de que la empresa les dé a ellos menos facilidades de los que ofrece a los nuevos inquilinos “a los que oferta rentas de 849 euros y les regala las dos primeras mensualidades”.

“No hicimos un contrato con una empresa privada sino de una vivienda pública” recalca esta vecina convertida en activista para defender su casa, y aclara que en el edificio “no sólo viven familias con hijos menores, sino personas mayores que están a punto de jubilarse, que no saben dónde ir y que están pasándolo muy mal”.

Por ello, estos vecinos que alquilaron viviendas públicas que han acabado en manos privadas, han emprendido una recogida de firmas, de las que ya tienen unas 3.000, una campaña con la que quieren conseguir que los grupos municipales presenten al pleno una moción en la que se declare a la empresa ‘non grata’ en el municipio. Una moción que pretenden se debate en el pleno del 18 de octubre.

“Desalojo silencioso”

Félix Sobrino, miembro del grupo de trabajo de Fondos y Socimi de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), aclara que las viviendas se construyeron en suelo público como viviendas sociales en 2006 y que en 2008 tras la quiebra de la promotora se vendieron a Lazora.

Indica que a partir de 2016 –fecha en la que perdieron su condición de viviendas públicas- comenzaron los temidos burofax, que dieron paso a un “desalojo silencioso”, como lo califica Ruth. Como resultado, 50 de las 87 familias que vivían en el inmueble se tuvieron que marchar al no poder cumplir las nuevas exigencias de la propiedad y por la imposibilidad de ejercitar la opción a compra que tenía. De esta primera ofensiva solo resistieron los que tenían contratos en vigor, que son los inquilinos que actualmente luchan por quedarse en sus domicilios.

El representante de la PAH deja claro que los vecinos no se niegan a aceptar una subida, pero reclaman que sea moderada ya que ellos no pueden pagar más. “Son viviendas libres actualmente pero no lo eran cuando firmaron el contrato”, con el agravante añadido, según denuncia Sobrino, de que los inquilinos no tienen otras opciones para encontrar un techo debido a lo mucho que han subido los alquileres en San Sebastián de los Reyes, y a que no hay vivienda pública en el municipio. Y la paradoja de que “en el inmueble del que les quieren echar ya hay 50 viviendas vacías”.

Acceda a la versión completa del contenido