José Villarejo
“Se veía venir”. La Plataforma X la Honestidad no se ha sorprendido por la decisión de la jueza Pilar Martínez Gamo, que instruye el caso sobre la presunta participación del comisario José Villarejo en la grabación ilegal al pequeño Nicolás, de disolver la comisión judicial. Una comisión encabezada por el inspector de policía Rubén Eladio López, quien junto a su equipo lleva años investigando la corrupción policial.
Para la plataforma, que reúne a denunciantes de corrupción como Ana Garrido o el exteniente Segura, esta disolución “es el primer paso para que la jueza archive este caso, quedando impunes los presuntos corruptos de las cloacas de Interior”. Algo a lo que no están dispuestos.
Tras personarse como acusación popular en este caso la semana pasada, este colectivo hace ahora un llamamiento para que “se revoque” la decisión de la jueza de disolver la comisión judicial y “se siga adelante con esta causa”. “Sería un hecho muy grave de cara a la opinión pública e incompatible con los principios democráticos fundamentales”, advierte la Plataforma X la Honestidad en un comunicado.
Según destaca este colectivo, “tras la jubilación del inspector Martín Blas (a quien el fiscal intentó apartar desde un principio) el pasado abril, los últimos trabajos presentados los han realizado el inspector Rubén Eladio López y el resto del equipo, sin que hubiera ningún motivo de contaminación del procedimiento”. A pesar de ello, “el fiscal ha seguido insistiendo en que se disolverá la comisión judicial, lo cual consideramos totalmente improcedente”.
La asociación que preside Pedro Arancón ha abonado la fianza solicitada para personarse en este caso contra el comisario Villarejo “en defensa de los intereses de los inspectores de policía”, unos “funcionarios honestos que necesitan de nuestra protección; de la protección de la ciudadanía”. “Haberlos apartado del caso no es solo una muy mala noticia para el avance en la lucha contra la corrupción en las cloacas de Interior sino que supone lo que puede ser el comienzo del acoso al que se ven sometidos todos los denunciantes/alertadores de corrupción”, asegura la plataforma.
“No queremos sospechar que los siguientes pasos sean archivar la causa y el acoso a los inspectores de policía cuyo excelente trabajo ha quedado truncado”, señalan Arancón y los suyos, que se oponen a que a que esto suceda “en un Estado que se supone democrático”.
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