Mazo de juez
La sentencia que dará a conocer este jueves el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el pago de los gastos hipotecarios y otras cuestiones como la comisión de apertura o las costas de estos litigios afectará a hasta ocho millones de consumidores, según estimaciones de Asufin.
El TJUE se pronunciará este jueves sobre el pago de los gastos hipotecarios (notario, registrador, gestoría, tasación e impuestos) y otras cuestiones relevantes como la comisión de apertura o las costas de estos litigios, unos puntos sobre los que no hay suficiente consenso y que fueron planteados por los juzgados de primera instancia número 17 de Palma de Mallorca en procedimiento contra CaixaBank y número 6 de Ceuta contra BBVA.
Una de las claves por las que se pregunta al TJUE son los gastos hipotecarios. Después de que el Tribunal Supremo declarase nula, por abusiva, la cláusula de gastos en 2015 y dijese que los efectos de esta nulidad pasan por una restitución «moderada» de las cantidades, se plantea al TJUE si estos efectos restitutorios son compatibles con la Directiva europea sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores.
Por otro lado, se pregunta por la imposición al prestatario del abono del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD), que la actual ley hipotecaria atribuye al prestatario, y si la declaración de nulidad por abusiva de estas cláusulas debe llevar aparejada la condena en costas.
Asimismo, se cuestiona a Luxemburgo si la comisión de apertura supera automáticamente el control de transparencia o si, por el contrario, el profesional debe probar que ha proporcionado información previa y negociación individual de la misma, y se plantea al TJUE si la declaración de nulidad de los gastos pueden seguir surtiendo efectos cuando se hacen novaciones o cancelaciones de la hipoteca.
El pasado 20 de mayo Asufin ganó en los tribunales una demanda acumulada contra BBVA que obliga a la entidad a devolver cerca de 16.000 euros en gastos hipotecarios a 17 familias. El juez condenó a la entidad a abonar el 100% de los gastos registrales y el 50% de los notariales, de gestoría y tasación, pero dejó abierta la puerta a futuras reclamaciones por la totalidad en estos últimos conceptos, a la espera precisamente de la sentencia del TJUE.
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