Ocho de cada diez empresarios cree que al sistema de pensiones le quedan 10 años de vida

Los empresarios no son nada optimistas respecto al futuro del sistema público de pensiones tal cual está planteado en la actualidad, según un estudio de PriceWaterhouseCoopers a partir de la opinión de un panel de más de 350 expertos, directivos y empresarios españoles el pasado mes de septiembre. De hecho, el 63% considera que no es viable mientras que un 86% opina que no le quedan más de diez años de vida. El 42,5% cree que le quedan menos de cinco.

Preguntados sobre qué alternativas estiman más acertadas para garantizar la sostenibilidad del actual sistema público de pensiones, los panelistas señalan, por este orden, tres grandes medidas: considerar toda la vida laboral para el cálculo de las pensiones, la puesta en marcha de medidas fiscales adicionales que incentiven a la población a suscribir planes de pensiones privados como complemento de la pensión pública y retrasar la edad de jubilación, al menos, hasta los 70 años (salvo en algunos sectores, como la minería o la construcción).

Respecto a cómo debería ser el nuevo sistema de pensiones de nuestro país en el caso de que se deba abandonar el actual sistema de reparto y de pensiones no contributivas, la opinión de los expertos, empresarios y directivos está dividida en dos partes casi iguales. Mientras un 38,7% estima que debería adoptarse un modelo mixto, de reparto y capitalización al mismo tiempo; un 35,6% apuesta por que las pensiones públicas se complementen con un sistema privado de carácter obligatorio para todos los ciudadanos.

En el hipotético caso de que se sustituyera al actual sistema público de reparto por otro de capitalización o mixto, el 36% de los panelistas considera que la transición debe ser obligatoria para los nuevos trabajadores mientras que los que ya estén en el sistema deben tener derecho a decidir libremente si siguen como están o se pasan al nuevo. En este sentido, un 43% cree que en España no existe una cultura financiera mínima en la población como para promover un sistema de capitalización.

Pero hay dos cuestiones en la que coinciden mayoritariamente los panelistas. La primera, que si se cambia el sistema público de pensiones, el Gobierno tiene la obligación de garantizar una pensión a todos los ciudadanos, cuya cuantía variará según hayan cotizado o no. Así lo afirma el 65%. Y la segunda, que la Comisión Parlamentaria de Pacto de Toledo, que está estudiando la cuestión desde finales de 2016, va a acabar en una serie de recomendaciones que permita conseguir los recursos necesarios para resolver el déficit del sistema durante los próximos años, pero en nada más -55,5%-.

Finalmente, en el debate sobre viabilidad de nuestro sistema de pensiones, el 55% de los encuestados considera que la UE debería tener un papel a la hora de fijar las características que deberían cumplir todos los países de la zona euro, pero no fijar el sistema en sí.

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