La titular del Juzgado de Primera Instancia número 80 de Madrid ha obligado a la Comunidad de Madrid a reingresar de manera inmediata en el sistema de tutelaje a un menor hasta que se pueda determinar con garantías la edad del mismo con el objeto de garantizar su protección durante la situación derivada de la declaración del estado de alarma por la pandemia del coronavirus.
En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada ha aceptado la medida cautelar solicitada por la Fundación Raíces para la suspensión de una resolución administrativa adoptada por la Comisión de Tutela del Menor de la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Natalidad.
En concreto, la que dictaba que el menor fuera dado de baja en el sistema de protección el 10 de marzo, pocos días antes de la declaración del estado de alarma que obligó al confinamiento de la población, y expulsado inmediatamente del Centro de Primera Acogida de Hortaleza, donde llevaba ingresado desde febrero 2020.
En su petición, la Fundación Raíces recordaba la situación de desprotección a la que se vio abocado al quedar en la calle. En este sentido, ha explicado que aunque solicitó plaza a varias organizaciones, ha sido rechazado por ser menor y por estar saturadas por el COVID-19.
De este modo, ha señalado que solo ha conseguido refugiarse durante las últimas semanas en un piso ocupado, «en condiciones de extrema precariedad, sin luz ni agua, saliendo diariamente para acudir a los baños públicos a asearse y a conseguir comida de cualquier manera, a riesgo de ser sancionado por las autoridades».
El menor cuenta con pasaporte y acta de nacimiento según las cuales nació el 5 de marzo de 2003 en Gambia, es decir, que tendría 17 años. No obstante, la Fiscalía de Menores determinó a principios de marzo su mayoría de edad tras practicarle unas pruebas médicas y determinar irregularidades en la documentación.
Tras aceptar las medidas cautelares solicitadas, la juez ordena a la Comunidad de Madrid su reingreso inmediato en el Sistema de Protección a la Infancia y a su protección, «al menos, hasta que sea posible tramitar un procedimiento judicial y discutir la cuestión de la determinación de su edad con las debidas garantías».
En este sentido, la magistrada tiene en cuenta para determinar su resolución la suspensión de plazos procesales por la declaración del estado de alarma y, en consecuencia, las dificultades para recurrir la decisión de su declaración como mayor de edad.
Apoya su decisión en el ordenamiento jurídico español, la jurisprudencia del Tribunal Supremo al respecto y las directrices dadas por el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, aunque en contra del Ministerio Fiscal, que informó desfavorablemente a la adopción de esa medida cautelar.
El menor vivió en Gambia hasta los 15 años y, tras un recorrido de más de un año por diferentes países, en mayo de 2019 cruzó desde Nador (Marruecos) hasta Algeciras en zodiac, llegando a España el 4 de mayo de 2019. Una vez en el país, fue trasladado por la Policía a un Centro de Menores en la Línea de la Concepción y, posteriormente, ingresó en febrero de 2020 ingresó en el Centro de Primera Acogida de Menores de Hortaleza.
Desde Fundación Raíces se ha recordado además que el Gobierno ha ordenado asegurar la protección de los jóvenes tutelados que alcanzasen los 18 años o fueran declarados mayores de edad durante el estado de alarma y que la propia Comunidad de Madrid anunció el 24 de marzo que no expulsaría de sus centros residenciales a ningún joven en estas circunstancias.
«Ninguna de esas decisiones llegó a tiempo de proteger a este menor, que ha tenido que acudir al auxilio judicial para ser protegido», ha lamentado Paloma García, abogada de la fundación, que ha recordado además que España «ha sido fuertemente reprendida» por Naciones Unidas por cuestiones similares.
La presidenta de la Fundación Raíces, Lourdes Reyzábal, ha vuelto a reclamar al Gobierno que se revisen los procedimientos para determinar de la edad «al no estar prevista, entre otras garantías, la asistencia letrada ni un recurso efectivo».
«España de manera sistemática niega la validez de estos documentos sin prueba alguna en contra, situando a los niños en una absoluta indefensión, al no permitirles acreditar su verdadera edad por ninguno de los medios a su alcance», ha denunciado.
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