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Así lo ha avanzado en el transcurso de un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum en Madrid, en el que ha advertido de que su Gobierno se opondrá a esta normativa con todos los instrumentos a su alcance. Y lo hará, “para defender no solo a los centros de Madrid, sino a ese 60% de las universidades privadas aprobadas por gobiernos autonómicos del PSOE que se verían ahora condenadas a la ilegalidad y a la desaparición con este Real Decreto”, destacan desde la Puerta del Sol.
El sistema universitario madrileño, apunta la Comunidad en una nota, está formado por seis centros públicos y 13 privados que ofrecen más de 1.800 títulos oficiales de grado, máster y doctorado a sus más de 300.000 estudiantes (más de 200.000 en los centros públicos y el resto en las universidades privadas).
La región, que tiene el 14,4% de la población española, concentra el 22,4% de los estudiantes universitarios de todo el país, “frente a otras regiones como Cataluña, que tiene menos estudiantes superiores (15,9%) que porcentaje de población (16,5%); o Andalucía, con un 17,7% de población y un 17,3% del total de universitarios del país”.
La ofensiva judicial de Ayuso llega después de que el pasado viernes la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, defendiera ante las comunidades autónomas dicho decreto, que se prevé aprobar el próximo mes de junio.
En el seno de la Conferencia General de Política Universitaria, Morant señaló que “el futuro de nuestro país pasa por garantizar la calidad global de su sistema universitario” y subrayó que “las universidades son nuestro más poderoso motor de igualdad de oportunidades y de transformación social, además de nuestra principal cantera de investigación científica”.
“Vamos a garantizar que todas las universidades de España que imparten titulaciones lo hagan con criterios de calidad, equiparables a los de otros países de nuestro entorno”, afirmó.
Además del recurso ante los tribunales, la dirigente madrileña ha anunciado que la futura Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) en la que está trabajando el Ejecutivo regional junto con los rectores de las universidades públicas y privadas y los Consejos
Sociales, creará un Distrito único de prácticas que velará porque “ningún estudiante universitario ni de FP se quede sin plaza”.
Entre los principales ejes y novedades de la LESUC, Ayuso ha destacado que la primera Ley de Enseñanzas superiores de la región universitaria más importante de España unificará de forma pionera todas las enseñanzas superiores: las universidades y la investigación científica, la FP superior, las enseñanzas superiores artísticas, las deportivas, y las escuelas de negocios.
En cuanto al nuevo sistema de financiación para las universidades públicas, que será plurianual y revisable cada cinco años, incluirá tres niveles: una financiación básica para el normal funcionamiento de los campus; otra para necesidades singulares que permitirá, por ejemplo, la rehabilitación de edificios; y una tercera adicional y opcional por la consecución de distintos objetivos, como potenciar la formación dual en títulos de grado y máster o fomentar pruebas de admisión que aumenten la exigencia en el acceso a grados como Educación Infantil y Primaria, entre otros.
Para completar esta financiación, se proporcionará a estos centros nuevas herramientas de financiación como la gestión de sus propias carteras de inversión, el préstamo interuniversitario de sus remanentes en unas condiciones preferentes, la gestión de sus propios inmuebles, la activación de una central de compras que permita abaratar costes o el desarrollo de servicios comunes de gestión administrativa.
Otras de las novedades de la futura norma serán el reconocimiento de las acreditaciones de profesores de toda España, “siguiendo el modelo de la Ley de Mercado Abierto”; la posibilidad de que las universidades reconozcan créditos por actividades de voluntariado; el impulso de la colaboración público privada en el ámbito universitario; o el reconocimiento de las escuelas de negocio, dotándolas de rango universitario y de un marco legal que garantizará su calidad.
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