Vista general de Auckland
El Gobierno de Nueva Zelanda incrementará la presencia de militares en las instalaciones de aislamiento habilitadas en sus fronteras para asumir una mayor responsabilidad de vigilancia, después de que en estos meses se hayan registrado varios errores que habrían supuesto un riesgo para la salud pública.
«Nuestra intención es dejar de usar compañías de seguridad privadas, especialmente en los lugares con más riesgo», ha explicado la primera ministra, Jacinda Ardern, al anunciar el despliegue de unos 500 efectivos adicionales, casi el doble de la cifra actual, según informa Bloomberg.
Ardern movilizó a las Fuerzas Armadas por primera vez en junio, después de que dos mujeres llegadas de Reino Unido abandonasen antes de tiempo el aislamiento y diesen positivo por COVID-19 posteriormente. Un hombre también logró escapar de un hotel habilitado como centro de cuarentena y pasó una hora en la calle antes de confirmarse que portaba el virus.
Las fronteras neozelandesas siguen a día de hoy cerradas para los extranjeros y todos los residentes con permiso para regresar deben pasar dos semanas en aislamiento y ser sometidos a las pruebas. Las autoridades estiman que unas 40.000 personas han pasado por los 32 centros habilitados para estas cuarentenas.
EL REBROTE DE AUCKLAND
Nueva Zelanda está considerada un caso de éxito en la contención del brote de coronavirus y logró pasar más de cien días sin contagios a nivel comunitario. La semana pasada rompió esta racha con un foco de origen desconocido que ya suma 74 casos en la capital, Auckland.
Ardern ha destacado que hay señales que apuntan a una progresiva contención de este foco, de origen desconocido, después de que este miércoles se hayan notificado únicamente cinco nuevos casos. Auckland, sin embargo, permanece confinada como medida de precaución.
Precisamente el Tribunal Superior se ha pronunciado este miércoles sobre la primera orden de confinamiento, anunciada para todo el país a partir del 26 de marzo, para concluir que los primeros nueve días –hasta el 3 de abril– se hicieron sin ningún amparo legal, según la agencia DPA.
Los jueces sostienen que los mensajes de las principales autoridades, incluida la propia Ardern, supusieron ‘de facto’ la limitación de derechos y libertades básicas desde un primer momento, aunque no fue hasta una segunda orden cuando dichas restricciones se convirtieron en ley.
Pese a que admiten en parte los argumentos del denunciando, un ciudadano de Wellington, los magistrados también coinciden en que los avisos del Gobierno a finales de marzo fueron «una respuesta necesaria, razonable y proporcional a la crisis de la COVID-19». Asimismo, consideran que la «imperfección» inicial se corrijo ‘a posteriori’.
El fiscal general, David Parker, ha aplaudido en un comunicado el sentido de la sentencia, que sin embargo podría afectar a la validez de las denuncias presentadas por incumplir las medidas de confinamiento en los primeros nueve días.
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