El juez sigue los pasos de Pedraz y continua con la causa que sigue contra siete militares chilenos por el asesinato del funcionario Carmelo Soria. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz se ha negado a archivar la causa que sigue contra siete militares que formaban parte de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) de Chile por secuestrar, torturar y asesinar al funcionario español de Naciones Unidas Carmelo Soria el 14 de julio de 1976 durante la dictadura de Augusto Pinochet. El auto llega después de que esta misma semana, el magistrado Santiago Pedraz acordase continuar con la causa de genocidio en Guatemala.
En un auto dictado hoy Ruz señala que la investigación debe continuar, a pesar de la reforma legal que limita la justicia universal que entró en vigor en marzo pasado, porque los militares fueron procesados por terrorismo, entre otros delitos, y la víctima era española, por lo que «se cumplirían los requisitos establecidos» por el legislador, informa Europa Press.
El juez instructor, que también procesó a los miembros de la DINA por genocidio, asesinato y detención ilegal, considera que su competencia “debe extenderse al enjuiciamiento” de estos delitos por ser «conexos» al de terrorismo.
Además, acuerda reiterar la comisión rogatoria que cursó a las autoridades de Chile en enero pasado para que le informen de si están investigando estos hechos. Una vez que tenga la respuesta, el magistrado “elevará exposición razonada al Tribunal Supremo para que se evalúe si existe disposición a actuar en relación con los hechos”.
Rechaza la petición del fiscal de concluir el sumario>/strong>
En su auto, muy similar al dictado el pasado martes por el juez Santiago Pedraz sobre el genocidio maya en Guatemala, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 se opone a la petición de la Fiscalía de concluir el sumario y enviarlo a la Sala de lo Penal para que decida sobre su archivo y si procede plantear una cuestión de inconstitucionalidad sobre la reforma.
Ruz argumenta que no puede declarar finalizado un sumario “mientras resten diligencias a practicar” y añade que, de acceder a la petición del Ministerio Público, “difícilmente podrían seguirse los trámites necesarios para el cumplimiento de una comisión rogatoria (…) y la posterior elevación de exposición razonada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo con las actuaciones archivadas”.
Además, acuerda remitir a la Sección Tercera de la Sala de lo Penal los escritos presentados por las partes en otras dos piezas en las que se investigaba la represión cometida por la dictadura argentina desde 1976, al encontrarse ambos sumarios concluidos y elevados a este órgano.
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