El C-SIF denuncia que las agresiones por parte de parados a los que se deniega la prestación han ido en aumento desde que comenzó la crisis. El Ministerio de Empleo ha puesto en marcha una póliza de seguros colectiva para los trabajadores del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) destinados en las oficinas de prestaciones, que garantiza su defensa jurídica en situaciones de agresión verbal o física en su actividad diaria.
“Esta iniciativa surge tras las reivindicaciones de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), para hacer frente a las situaciones conflictivas que afrontan a diario las personas que trabajan de cara al público y que por tanto atienden a personas en muchos casos, en situación desesperada, por encontrarse en paro y en ocasiones, carecer de derecho a prestaciones o subsidios”, asegura el sindicato en una nota.
Coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, CSI-F ha obtenido el compromiso de la Administración para poner en marcha un protocolo de actuación para hacer frente a estos casos en el conjunto de las administraciones públicas, dado que desde el comienzo de la crisis este tipo de situaciones conflictivas han ido en aumento.
Uno de los ‘puntos calientes’ es precisamente las oficinas de empleo, donde se ha dado un primer paso con esta póliza de seguro que ofrecerá asistencia letrada específica garantizando los gastos judiciales y las reclamaciones de daños y perjuicios ante daños corporales, insultos, amenazas, intimidaciones o coacción, daños materiales al vehículo de su propiedad o perjuicios patrimoniales.
En caso de agresión física, Empleo ha habilitado un teléfono especial (902 42 56 27), en el los trabajadores tendrán a su disposición a un abogado para informe del alcance de los derechos que, con carácter general le asisten y la mejor manera para defenderse.
Según un informe de la propia Administración, las principales causas de incidentes son la denegación de solicitudes de prestaciones o subsidios, desacuerdo con la información recibida por el empleado público, petición de documentación, solicitud de certificados o carecer de cita previa o presentarse fuera de hora.
El número de comunicaciones oficiales de incidentes por violencia ascendió en 2013 a 123, un número reducido, según C-SIF. El sindicato lo atribuye a la creencia de que la denuncia “no sirve para nada”, o por el miedo a las represalias de los usuarios y anima a los trabajadores a denunciar y no tolerar estas situaciones. CSI-F coincide en que las comunicaciones no reflejan la realidad, teniendo en cuenta en que solo en el último año se han llevado a cabo más de 13 millones de gestiones cara al público y que se producen llamadas a la policía prácticamente a diario.
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