El abogado de Díaz Ferrán no sólo emplaza a inadmitir de plano la petición de Elpidio Silva, sino que solicita “multa e imposición de costas”. El expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa y el empresario Gerardo Díaz Ferrán se han opuesto a la recusación de los magistrados Arturo Beltrán y María Tardón planteada por el juez Elpidio José Silva. Según recoge Europa Press, ambos entienden que se trata de un “nuevo fraude inadmisible” del acusado para “dilatar al máximo” el juicio al que se enfrenta por encarcelar hasta en dos ocasiones al banquero.
El abogado de Blesa, Carlos Aguilar, ha presentado un escrito en el que solicita inadmitir el incidente de recusación formulado por Silva y, de forma subsidiaria, que se rechace su pretensión, al considerar que tiene un carácter fraudulento con el único objetivo de suspender el enjuiciamiento, recoge la agencia, que cita fuentes financieras.
En el mismo sentido se ha pronunciado el abogado del expresidente de la CEOE, Nicolás González-Cuellar, que emplaza a inadmitir de plano la petición del acusado y que, subsidiariamente, se desestime con “multa e imposición de costas”. El letrado de Díaz Ferrán reprocha al juez Silva que pretenda seleccionar “por su capricho” a los miembros del tribunal que ha de juzgarle, sin respetar el derecho a tener el juez ordinario predeterminado por la ley.
El juez Silva pidió recusar al presidente de la Sala, Arturo Beltrán, por no aceptar la renuncia de su abogado Cándido Conde-Pumpido y por permitir la presencia en el tribunal de la magistrada María Tardón, quien había formado parte de la Asamblea General de Caja Madrid. A ambos les recusó y además demandó en un juzgado de Madrid, lo que supuso una suspensión temporal del juicio.
Díaz Ferrán solicita una pena de 24 años de inhabilitación para el juez Silva, mientras que Blesa quiere que sea apartado durante 40 años por delitos de prevaricación, retardo malicioso en la Administración de Justicia y dos delitos contra su libertad individual. Además, Blesa se reserva la posibilidad de ejercer acciones civiles una vez concluido el proceso penal contra el juez.
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