La Plataforma de Afectados por la Hipoteca/la Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social (PAH-PAVPS) pide a la Comisión Europea que paralice el proceso. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca y la Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social (PAH-PAVPS) ha denunciado ante la Comisión Europea la venta de vivienda social a ‘fondos buitre’ por parte de la Comunidad de Madrid y le ha reclamado paralizar este proceso.
Alejandra Jacinto, abogada de la plataforma, ha explicado que han denunciado ante una delegación de altos funcionarios de Economía de la Comisión Europea, entre ellos el jefe de Unidad de Economías Nacionales, Massino Suardi, en un encuentro que han mantenido el “proceso en la Comunidad de Madrid de desmantelamiento de todo el parqué público de viviendas” dado que el Gobierno de Ignacio González “está vendiendo una gran parte de la vivienda pública a fondos de inversión internacionales, a los conocidos fondos buitre”.
Y han solicitado que “en la medida de sus competencias intenten paralizar este proceso privatizador, que va a suponer que familias en riesgo de exclusión social, dejan de tener acceso a la vivienda y ya no solo eso sino que sean expulsados de sus casas”, tal y como informa Europa Press.
La abogada ha recordado que en la Comunidad de Madrid se han vendido 3.000 viviendas que pertenecen a 32 promociones de vivienda y sostiene que en el caso del Ayuntamiento de la capital han sido unas 1.860 viviendas.
Al margen de las 3.000 viviendas del IVIMA vendidas al fondo de inversión Goldman Sachs-Azora, el también letrado de la plataforma Manuel San Pastor ha recordado que la empresa municipal de Madrid ha vendido unas 1.200 viviendas a Blackstone.
San Pastor ha denunciado que se trata de viviendas con inquilinos “dentro” y que “sin ningún tipo de información” a partir de ahora “tienen que dirigirse a estos fondos especulativos a la hora de gestionar sus viviendas” y que al primer impago “inician los procedimientos de desahucio “, todo ello “sin ningún tipo de garantías”.
“Pedimos que paralicen los desahucios y desalojos y que reconozcan el derecho a una vivienda digna para todos”, ha apostillado, argumentando el “grave riesgo de exclusión social” de personas que “están siendo expulsadas de sus viviendas” sin “ningún respeto a sus derechos fundamentales, violando toda clase de convenios internacionales y la propia Constitución española”.
Los letrados de la plataforma han informado además al Ejecutivo comunitario de los cambios a los que se enfrentan los inquilinos de estas viviendas, preguntados por el compromiso del IVIMA de no cambiar el precio del alquiler ni la opción preferente de compra.
La letrada de la plataforma ha admitido que desde la Comisión les han reconocido que “les preocupa el tema” porque “se está descapitalizando y despatrimonizando a la propia administración pública porque está vendiendo estas viviendas a un precio muy inferior de lo que le costó a la propia administración construirlas” pero han dejado claro que el problema “no es estrictamente de su competencia”.
“Evidentemente no salimos satisfechos”, ha admitido San Pastor, que ha subrayado con todo que la denuncia ha servido para “visibilizar” un problema que afecta a muchísimas personas.
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