Gallardón vuelve a poner en pie de guerra a la Justicia

Los sindicatos convocan a los trabajadores de la Administración de Justicia a concentrarse hoy ante la sede del Ministerio contra lo que consideran un recorte sin precedentes de sus derechos laborales. Los sindicatos, CSI-F, CCOO, UGT y STAJ convocan a los trabajadores de la Administración de Justicia a movilizarse hoy en toda España contra la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que ha anunciado el ministro Alberto Ruiz-Gallardón, el acto estelar tendrá lugar esta tarde a las 19 horas frente al Ministerio de Justicia, La concentración de mañana se celebrará a las 17,00 horas, frente a la sede del ministerio en la calle San Bernardo, donde CSI-F volverá a concentrarse mañana.

Según explica la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), en Twitter el objetivo de su convocatoria es protestar “contra una reforma que aleja la justicia de los ciudadanos con la desaparición de los juzgados de paz, las audiencias provinciales y los partidos judiciales, y que genera graves perjuicios a los funcionarios, con amortización de plazas y traslados forzosos”.

Mientras que CCOO advierte en su página web que llama a la movilización porque “la reforma de la LOPJ constituirá una agresión sin precedentes que modificará sustancialmente las condiciones laborales de los trabajadores recortando sus derechos (movilidad funcional y geográfica forzosa, recortes de retribuciones complementarias, drástica limitación de la movilidad voluntaria,…..)”

Este sindicato asegura que “Gallardón miente en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros asegurando que no desaparecerán los juzgados de paz” y que” vuelve a mentir cuando asegura que los tribunales provinciales de instancia no supondrá la desaparición de sedes judiciales”.

Y alerta que “no está garantizado en absoluto el mantenimiento de todos los puestos de trabajo actuales y anunciamos un durísimo proceso de negociación y movilización si el Gobierno no garantiza el empleo, las retribuciones y la no existencia de procesos de movilidad geográfica forzosa.
Además, CCOO justifica las movilizaciones en que “la privatización del Registro Civil sigue siendo un objetivo del ministro Gallardón y del Gobierno que, además de eliminar su carácter de servicio público y gratuito, destruirá miles de puestos de trabajo e implicará un proceso de reordenación del personal con consecuencias para todos los trabajadores de la Administración de Justicia”.

Dicha central sindical recuerda que, además de todo lo anterior y de la Ley de Tasas Judiciales, el Gobierno ha aprobado dos nuevos proyectos de Ley que privatizan trámites que eran de exclusiva competencia de la Administración de Justicia: “La Reforma de la LEC atribuye a los Procuradores actos de comunicación y ejecución, para lo cual les atribuye la condición de agentes de la autoridad”.

A lo que añade el Proyecto de Ley de de Jurisdicción voluntaria que «saca importantes procedimientos de la Administración de Justicia que reparte entre los registradores de la propiedad y mercantiles se ocuparán y los notarios”.

Jueces y secretarios judiciales también en contra

Pero la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial planteada el viernes por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón, no sólo ha puesto en pie de guerra a los sindicatos de la Administración de Justicia, sino que también provoca el rechazó de tres de de las cuatro principales asociaciones judiciales (Francisco de Vitoria, por Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente) que ya anunciaron ayer que se plantean convocar movilizaciones contra un anteproyecto de ley que consideran “cierra el círculo de la politización absoluta de la carrera judicial”.

Tampoco gusta a los secretarios judiciales. Ayer, la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ) criticó por «absurda» y «trasnochada» la falta leve que ha introducido el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en el anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial para sancionar a los fedatarios públicos que “incumplan el deber de vestir y comportarse con decoro adecuado a la función”.

Además, este colectivo se queja de que el anteproyecto no reconozca su derecho a la negociación colectiva, les obligue a colaborar con la Administración tributaria en la gestión de tributos -algo a lo que se opone- y les mantenga las retribuciones básicas de los jueces.

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