El equipo jurídico de las ‘Marchas de la Dignidad’ insta a los organizadores a denunciar la “vulneración de los derechos fundamentales” cometida por la Administración. La ‘guerra’ que mantienen los organizadores de las ‘Marchas de la Dignidad‘ y los organismos encargados de controlar la protesta que tuvo lugar el pasado sábado en Madrid se recrudece. El 22-M ha anunciado que estudia presentar acciones legales contra la Delegación del Gobierno que dirige Cristina Cifuentes y contra la Policía, ya que consideran que “vulneraron” los derechos fundamentales de los manifestantes. Concretamente, el colectivo se queja de “malos tratos y vejaciones a los detenidos” y de las “identificaciones masivas” que se llevaron a cabo.
La posibilidad de llevar a los tribunales a Cifuentes y la Policía se ha anunciado en una rueda de prensa que ha celebrado el 22-M en la Librería Traficantes de Sueños de Madrid. Esta medida es en realidad una recomendación que ha lanzado el equipo jurídico de las ‘Marchas de la Dignidad’ en un escrito, que se ha presentado en este encuentro con la prensa y en el que se critica duramente la “campaña de criminalización” que llevaron a cabo diversas autoridades tanto antes como después de la protesta del sábado.
Tal y como han denunciado diversos portavoces del 22-M, hubo “tratos degradantes a las personas detenidas y obstaculización del derecho de defensa” de las mismas. “La Delegación del Gobierno no defendió el derecho de manifestación ni de expresión”, sino que “se esta estudiando la posibilidad de denunciar en los tribunales la vulneración de los derechos fundamentales por parte de la Administración”.
Asimismo, los organizadores de las ‘Marchas de la Dignidad’ han denunciado que se criminalizase la protesta “para no hablar de la masiva asistencia contra las políticas del Gobierno”, una valoración que el equipo jurídico incluirá en el informe que está elaborando para entregar “a los observadores de la OSCE que monitorizaron la manifestación”.
El 22-M, que ha denunciado “la presencia de policía infiltrada que provocó las cargas contra los centenares de miles de manifestantes”, ha asegurado también que la actuación de los antidisturbios “se saldó con al menos 108 manifestantes heridos”, por lo que “la mayoría de personas asistidas por los servicios sanitarios fueron los asistentes” a la marcha.
En su informe, la comisión jurídica de las ‘Marchas de la Dignidad’ exige que se investiguen “en sede judicial” las declaraciones previas a la manifestación efectuadas por distintos responsables políticos disuadiendo a los ciudadanos para acudir a la misma y tachando a los organizadores de agitadores y vándalos.
También pide una investigación de las detenciones e identificaciones que de forma masiva se han producido respecto a las personas que se trasladaban a Madrid en autobús para participar en las ‘Marchas de la Dignidad’, así como de la actuación policial emprendida a las 20.40 horas del día 22 de marzo en la plaza de Colon antes de concluir la manifestación y la relación de la misma “con la aparición en los noticieros de televisión de las 21h de estas cargas policiales y los posteriores altercados producidos a raíz de dicha actuación policial”.
El equipo jurídico entiende además que debe aclararse quién difundió las imágenes de las supuestas armas incautadas a los manifestantes, ya que “posteriormente se han demostrado falsas”, y también “los malos tratos recibidos por los detenidos en las dependencias policiales, por sus familiares y por alguno de los abogados defensores actuantes”.
En su opinión, los organizadores de las ‘Marchas de la Dignidad’ deben emprender “las correspondientes acciones legales para depurar las anteriores responsabilidades, incluida en su caso la interposición de querellas criminales contra los responsables de las mismas, por haber vulnerado la normativa aplicable a las actuaciones policiales así como los derechos fundamentales de manifestación, reunión, expresión, al honor, y a la participación en los asuntos públicos”.
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