Bruselas pone en duda los beneficios de las privatizaciones sanitarias en España

La Comisión Europea critica en un informe la falta de datos que avalen que el modelo público-privado es más eficiente, por lo que se muestra reticente a recomendar su aplicación. La privatización de hospitales y de algunos servicios sanitarios, que se ha convertido en moneda de cambio habitual en España, no convencen a la Comisión Europea. Bruselas ha elaborado un informe en el que analiza la colaboración público-privada en diversos Estados de la unión y ha concluido que este modelo no es tan beneficioso como podría parecer a priori. Según el documento, la falta de datos que avalen su eficiencia hace que haya que ser prudente antes de recomendar su aplicación.

La opinión no del todo favorable de la Comisión respecto a los sistemas de colaboración público-privada en la prestación de la asistencia sanitaria queda patente en el informe del que se hace eco redaccionmedica.com y que ha realizado un grupo de expertos entre los que se encuentra Fernando Lamata, exconsejero de Salud y Bienestar Social de Castilla-La Mancha y exsecretario general de Sanidad en el Ministerio de Sanidad. En él habla de la responsabilidad de las Administraciones en este modelo, ya que en caso de que resulte fallido sería las que “asumirían toda la responsabilidad”, y dice que los grandes proyectos suponen un riesgo fiscal sobre todo por la duración de los contratos.

No obstante, para Bruselas el principal problema es la falta de evidencias que demuestren que el modelo es realmente eficiente. “No hay una metodología convincente para revisar los impactos económicos y clínicos” de la colaboración sanitaria público-privada, y además los datos actuales al respecto son “pobres, inconsistentes y no estandarizados”, dice el informe.

Precisamente, el argumento de la mayor eficiencia, que ahora la CE critica porque no está demostrado, ha sido el esgrimido por diversos Gobiernos autonómicos españoles para impulsar la privatización de la gestión de hospitales y de servicios sanitarios. El primero en lanzarse a este modelo público-privado fue el Ejecutivo valenciano, que lo implantó en el Hospital de La Ribera (Alzira).

Un ejemplo que ha analizado la Comisión en su informe y del que concluye que se trata de una concesión “excesivamente” larga, lo que la convierte en una forma de colaboración “más rígida que las formas de asociación privada tradicionales”. Asimismo, señala que “no hay evidencia de su mayor eficiencia; al contrario, hay informes que indican que la medida podría resultar más costosa a largo plazo”.

Por ello, el informe recomienda que se mejoren los sistemas de evaluación de las privatizaciones para que se reúnan, analicen y publiquen los datos tanto de los centros públicos como de las iniciativas público-privada de una forma estandarizada para poder hacer comparaciones objetivas sobre la eficiencia. Asimismo, los expertos piden que las partidas destinadas a estos proyectos se incluyan en el balance público y las cuentas, y que todos los procesos sean el resultado de un marco de negociación en la que también participen los médicos.

Acceda a la versión completa del contenido