El cerco judicial vuelve a estrecharse en torno a Carlos Fabra. El Tribunal Supremo ha ordenado hoy la reapertura de la causa abierta contra el ex presidente de la Diputación de Castellón y líder del PP de esta provincia, en la que desde ahora se le imputan cinco supuestos delitos fiscales. Hace un año, la Audiencia Provincial de Castellón decidió sobreseer la investigación sobre cuatro de ellos.
Cuando se cumplía un año desde que se dio carpetazo a cuatro de los cinco presuntos delitos fiscales que había cometido desde el año 2000 hasta el 2003, Fabra ha visto como el Supremo ha decidido ‘resucitar’ este caso. El líder popular de castellonense vuelve a estar imputado al asegurar el Tribunal Supremo, según Europa Press, que no pueden considerarse prescritos los presuntos delitos fiscales que se le imputaban inicialmente.
Esta decisión del alto tribunal, que responde a los recursos que en su día presentaron la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana, en los que se oponían al archivo de esta causa, deja sin efecto el citado sobreseimiento, ya que estima suficiente para interrumpir la prescripción un auto dictado el 28 de febrero de 2006 por la sala segunda de la Audiencia Provincial, por el que se acordó encomendar a Hacienda una prueba pericial sobre el patrimonio del líder del PP de Castellón.
Una petición que se fundamentó en “el irregular incremento patrimonial experimentado por el señor Fabra, esposa e hijos y sociedades controladas por éstos en toda clase de impuestos”, y que se relacionaba igualmente con “la repercusión fiscal de dichas operaciones en los impuestos, sociedades, IVA e IRPF de sus socios en los ejercicios 1999 a 2004”. Según cree el Supremo, estaba suficientemente argumentada y poseía “un contenido sustancial propio de la puesta en marcha y prosecución de una investigación delictiva”, por lo que tiene capacidad para interrumpir la prescripción de los delitos perseguidos, fijada en cinco años.
La Audiencia de Castellón archivó cuatro causas contra Fabra al estimar el recurso de queja interpuesto por el líder del PP de Castellón, que se basaba en la prescripción de los presuntos delitos fiscales que le imputaban.
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