El Gobierno aprueba el proyecto de ley de asistencia jurídica gratuita que amplía los beneficiarios que pueden acogerse a este servicio. El Gobierno ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros el proyecto de ley de asistencia jurídica gratuita que amplía los beneficiarios que pueden acogerse a este servicio. Según explicó el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gabinete esta norma, que sustituye a la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita de 1996, que introduce cambios hasta en 8 leyes distintas y que supone la ampliación de los supuestos para la asistencia jurídica gratuita.
El titular de Justicia explicó con esta reforma podrán acceder a la justicia gratuita ciudadanos con rentas de hasta 2,5 veces el IPREM – un índice empleado en España como referencia para la concesión de ayudas- y que está fijado actualmente en 532,5 euros. Hasta ahora podían ser beneficiarios aquellos que ganaban menos de dos veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) establecido en 2014 en 645,3 euros. Es decir, que la publicitada rebaja del umbral para acceder a la justicia gratuita es inferior a los 41 euros, al pasar de 1.290,6 euros a 1.331,2 euros.
El ministro también ha señalado que en «algunos casos», que no ha especificado, el umbral puede elevarse hasta 5 veces el IPREM (31.950 euros brutos al año, y además se reconoce el derecho a la justicia gratuita con independencia de sus ingresos a sindicatos, asociaciones de consumidores y usuarios en el ejercicio de sus actividades como tales, Cruz Roja, entidades de defensa de discapacitados y Asociaciones de Víctimas del Terrorismo.
Además, la normativa establece nuevas medidas de control a la hora de justificar la aplicación de la subvención y el ministro Gallardón explicó que “habrá presunción de abuso Habrá presunción de abuso cuando haya más de tres solicitudes de una misma persona en un año, aunque aclaró que de este medida se excluye el ámbito penal. Y señalo que se analizará el hecho de que la misma persona presente en un año tres pleitos civiles o contenciosos administrativos para evitar el “afán de litigar”.
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