El Congreso de los diputados ha rechazado, con 272 votos a favor, el proceso secesionista que ha impulsado el presidente de la Generalitat de Cataluña. UPyD ha logrado sacar adelante la moción que presentó contra el plan soberanista de Artur Mas gracias al apoyo de PP y PSOE. El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado, por primera vez, el proceso secesionista de la Generalitat de Cataluña con 272 votos a favor, 43 en contra y una abstención.
Alrededor del 85% de los diputados de la Cámara baja ha votado a favor de la moción, concretamente los parlamentarios de UPyD, PP y PSOE, además de dos votos del Grupo Mixto. Por su parte, la iniciativa de la formación magenta ha sido rechazada por los grupos nacionalistas e Izquierda Plural, mientras que la abstención correspondía a Alfonso Guerra, que más tarde ha precisado que ha sido por error.
La líder de UPyD, Rosa Díez, ha dicho sentirse muy “satisfecha” por el éxito que ha cosechado su partido para rechazar “tajante y expresamente el plan secesionista de la Generalitat de Cataluña” y a la declaración sobre el derecho a decidir aprobada el pasado 23 de septiembre por el Parlament.
En esta moción había dos puntos. Sobre el primero no había problemas, ya que se trataba de manifestar el rechazo al proceso soberanista, pero si en el segundo. UPyD quería que el Gobierno utilizase los instrumentos de la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico para evitar el “abierto incumplimiento de la legalidad vigente y de las resoluciones judiciales que sistemáticamente viene realizando la Generalitat”.
No obstante, a este punto se ha opuesto el PSOE al considerar, según recoge El País, que el Parlamento no debe hacer el trabajo de los jueces, incluido el Tribunal Constitucional, y que si el Ejecutivo catalán comete alguna ilegalidad serán otros actores institucionales quienes tengan la responsabilidad de atajarla, juzgarla y condenarla.
UPyD ha decidido aceptar la postura de los socialistas, por lo que finalmente el Congreso sólo se insta al Gobierno central a seguir utilizando el orden jurídico “para garantizar el cumplimiento de la legalidad”.
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