Los tres posibles donantes aparecían citados en los papeles de Luis Bárcenas, mientras que en los apoderados de La Rioja, el magistrado investiga una entrega de 200.000 euros que el extesorero anotó en sus manuscritos. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz tomará declaración mañana como testigos a tres supuestos donantes del PP que aparecían citados en los papeles del extesorero de la formación Luis Bárcenas. Se trata de Pilar Pulido, directiva de ADS Brokers, a la que Bárcenas atribuyó una donación de 36.000 euros; el presidente de Ploder, Luis Gálvez, que se encuentra «entre los aportantes de fondos no identificados» por una supuesta entrega de 50.000 euros; y Adolfo S., al que el juez no llega a identificar y atribuye un pago de 10.000 euros.
Además, el magistrado interrogará a la apoderada de la sede del PP de La Rioja en 2008, Ana Elvira Martínez, que también ocupaba el cargo de gerente regional. Junto a ella, comparecerá en la Audiencia Nacional el también apoderado Carlos Cuevas, según una información de Europa Press.
Ruz investiga una entrega de 200.000 euros que Bárcenas anotó el 26 de mayo de 2008 en sus manuscritos bajo el concepto ‘entrega de La Rioja’ y que, según declaró el pasado 15 de julio, sirvió para financiar la compra de su nueva sede.
El magistrado, con el aval de la Fiscalía Anticorrupción, acordó estas diligencias después de recibir un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) del que se desprenden «elementos objetivos que otorgarían coherencia respecto del apunte contable investigado» en relación con la compra de la sede del PP riojano. A su juicio, ante la «indiciaria congruencia observada», es necesario poner en relación las conclusiones de este informe con los soportes contables del extesorero.
Transferencia de 200.000 euros
El juez constata que en la contabilidad oficial existe una transferencia por importe de 200.000 euros que el PP nacional realizó en junio de 2008 al riojano y que no figura que fuera devuelta por la organización regional. Bárcenas explicó en su declaración que se trataba de «un donativo o aportación recibida de La Rioja», presuntamente en negro, que debía ser devuelto como «dinero oficial» para la compra de la sede.
En su auto el juez instructor recordaba que los delitos fiscales correspondientes a 2008 no habrían prescrito y que en esta causa investiga «la eventual responsabilidad» del PP y del «administrador o responsable legal de la formación política» en relación con «las entradas dinerarias registradas en la contabilidad paralela investigada» y las cuotas del Impuesto sobre Sociedades de 2008 que pudieran haberse defraudado.
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