La asociación se suma a las también acusaciones populares ejercidas por el sindicato Manos Limpias y los concejales del PSPV del Ayuntamiento de Valencia. El juez que instruye el caso Nóos, José Castro, ha admitido la personación en el marco del caso de la asociación Frente Cívico ‘Somos Mayoría’, promovida en 2012 por el exdirigente del PCE y de IU Julio Anguita, que se suma así a las también acusaciones populares ejercidas por el sindicato Manos Limpias y los concejales del PSPV del Ayuntamiento de Valencia.
Así lo ha acordado el juez mediante una providencia, después de que el pasado martes solicitase a la entidad su escritura fundacional y sus estatutos, y que acreditase asimismo hallarse inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones. En base a todos estos datos, el magistrado ha aceptado finalmente que la asociación sea parte de este procedimiento judicial, tal y como recoge Europa Press.
En su resolución judicial, el magistrado señala que a partir de ahora se le dará traslado a la asociación de las sucesivas diligencias que se practiquen, y precisa que no les exige la prestación de fianza alguna para personarse como acusación popular puesto que el proceso ya está iniciado.
‘Somos Mayoría’ presentó la semana pasada un escrito, al que tuvo acceso Europa Press, en el que pedía personarse en defensa de los intereses de la ciudadanía, al recriminar cómo ésta «ha estado sufriendo graves perjuicios de los recursos económicos que tan escasos y necesarios son para hacer efectivos los derechos de todos».
En su escrito, el colectivo civil afirma querer ejercer la acción popular «contra todas las personas físicas y jurídicas hasta ahora imputadas» en la causa a raíz de unos hechos que constituyen presuntos delitos de prevaricación, malversación, falsedad documental, receptación, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.
En este mismo sentido, considera «muy necesario reforzar la presencia de la ciudadanía, que tanto tenemos en juego». De hecho, la entidad apunta a «la desmoralización, desconfianza y alarma ciudadana» motivada por «la gravedad de los hechos que se instruyen en la causa y que por sí mismos han trasladado la imagen del grado de arbitrariedad en el manejo de dinero público». «Algo que se ha agravado sustancialmente desde que el juez instructor procediera a citar a la Infanta Cristina».
Al respecto, la entidad alerta en su escrito de que «desde entonces el sistema procesal se haya visto distorsionado por lo que muchos ciudadanos consideran una anómala actuación del fiscal anticorrupción y la abogacía del Estado» y que, a su juicio, hay motivos «para deducir que su actuación no se corresponde con lo que les demandan las leyes en su aplicación al caso concreto», según reza el escrito.
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