La indemnización por daños y perjuicios, única opción de las adjudicatarias tras la suspensión de la privatización hospitalaria

Ribera Salud, Sanitas y HIMA San Pablo podrían pedir a la Comunidad de Madrid una compensación por los gastos derivados de su participación en el proceso. El proceso emprendido por la Comunidad de Madrid para privatizar seis hospitales no ha acabado, al menos para Ignacio González. El presidente regional podría tener que hacer frente a una indemnización que, según fuentes jurídicas consultadas por ElBoletin.com, tienen derecho a pedir las adjudicatarias Ribera Salud, Sanitas y la puertorriqueña HIMA San Pablo. Se trataría de una compensación por daños y perjuicios por los gastos derivados de su participación en el proceso, unas cantidades que las concesionarias aún no han reclamado pero que podrían pedir en los próximos días tras la suspensión de las externalizaciones.

Tal y como ha explicado a este diario José Luis Muga, uno de los socios de Estudio Jurídico Liria, el bufete de abogados de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM), en este tipo de casos, en los que el concurso se ha adjudicado pero no se ha formalizado, las concesionarias no tienen derecho a indemnización por el contrato, que no se ha firmado, sino que sólo pueden pedir una compensación por daños y perjuicios.

Así lo indica la Ley de Concursos del Sector Público para este tipo de situaciones, en las que garantiza el derecho de las compañías adjudicatarias a pedir una indemnización si, pasados seis meses desde el momento de la concesión, la actividad no se inicia por motivos ajenos a la empresa concesionaria. Y lo seis meses están a punto de cumplir.

Según ha explicado Muga, en caso de que las empresas lo pidan el Gobierno regional tendrá que indemnizarlas por los gastos “derivados de la no formalización”, es decir, los relacionados con su “participación en el proceso”. Se trata de los costes de preparación de su proyecto y del estudio y presentación de su oferta, como los gastos de personal, consultorías, abogados, etc.

No obstante, “es habitual que este tipo de indemnizaciones se negocien y no se vaya a los tribunales”, ha dicho Muga. Aunque otras fuentes jurídicas consultadas van más allá y señalan que incluso en muchas ocasiones no suele haber compensación monetaria, sino que se acuerda la convocatoria de otro concurso que puede ser provechoso para la empresa.

De esta forma, la Comunidad de Madrid podría tener que enfrentar esta indemnización si las empresas deciden reclamarla, una opción sobre la que todavía ninguna de las adjudicatarias se han pronunciado. Lo que sí es seguro es que el Ejecutivo de Ignacio González tendrá que devolver las cantidades depositadas por estas compañías como garantía: 12 millones de euros a Ribera Salud (empresa participada por Bankia y el Sabadell que se hizo con los hospitales Infanta Leonor y del Sureste), seis millones a Sanitas (hospital del Henares), y 13 millones a la puertorriqueña (la Comunidad de Madrid le adjudicó la gestión del Infanta Sofía, el Infanta Cristina y el hospital del Tajo).

Unos avales que generaron polémica, ya que en realidad tendrían que haber sido diez veces superiores. Precisamente una de las razones por las que los médicos de AFEM recurrieron el concurso fue por la modificación que introdujo la Consejería de Sanidad a última hora en los pliegos para rebajar la garantía que debían presentar las empresas.

No haber firmado los contratos ha evitado al Gobierno regional pagar a las concesionarias cerca de 281 millones de euros, es decir, un 6% del precio total del contrato para las privatizaciones, fijado en 4.680 millones de euros.

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